La titular del Juzgado de Garantías 4, Marisa Promé, accedió a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, a raíz de una denuncia que señalaba que cuatro personas estaban presas en la cocina de la clausurada estación de policía Comunal de Punta Alta, por más de 20 horas.
Los detenidos estaban en esa situación como parte de una presunta medida de seguridad, y según da a conocer FM De la Calle, “las esposas eran sustraídas por pocas horas para que las personas pudieran higienizarse, cocinar y comer”.
No obstante, nada de eso se garantizaba por las autoridades policiales ya que se les pedía a las familias que traigan los productos y los alimentos. En cuanto a la ducha, no contaban con agua caliente por lo que debían bañarse con agua fría salvo contadas excepciones en las que les permitían calentar un poco.
En ese sentido se dispuso su traslado en un plazo no mayor a 24 horas y que se garantice el suministro de comida y elementos de higiene para “minimizar desde la dependencia policial las medidas de contención a fin de resguardar las condiciones de dignidad humanas”.
En la resolución esgrime Promé que si hay nuevas detenciones se deberá informar al Ministerio Público Fiscal y al juez que intervenga para “que se estimen corresponder en orden a su lugar de alojamiento”, señaló.
En Frente a Cano, el integrante de la CPM, el Dr. Augusto Infante señaló que en este caso se trata de “un episodio puntual sobre un hecho de enorme gravedad respecto a los alojados en las comisarías de la Provincia“.
Asimismo, el especialista subrayó que esa seccional es la única en condiciones de alojar presos, y recordó que el estándar de permanencia en una comisaría no debiera superar las 48 horas.
“Indudablemente el Estado tiene el deber de investigar un delito y tiene la potestad de privar de libertad a personas en determinada circunstancia, el asunto es en qué término se aplica ese poder, para hacerlo compatible con las obligaciones legales”, relató Infante.
Reconoció en cuanto a la sobrepoblación que “el asunto es multicausal” y describió que “hay un problema de infraestructura pero también existe un uso desproporcionado de las herramientas disponibles, que es el uso indiscriminado de la prisión preventiva y que genera esta situación insostenible en el tiempo”.
Fuente: Frente a Cano