Con este cambio, los colegios privados sin subsidios estatales ya no deberán informar ni solicitar autorización previa para fijar el valor de sus matrículas o cuotas. Según el Ejecutivo, la decisión busca “adaptar el sistema educativo a las realidades económicas actuales” y otorgar mayor flexibilidad a los institutos para definir sus costos en función de la inflación y los aumentos operativos. La medida excluye a aquellos establecimientos que reciben aportes provinciales, donde continuarán vigentes las normas de control y autorización de aranceles.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que el esquema anterior “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. Agregó que la exigencia de comunicar anticipadamente los valores de matrícula y cuotas “limitaba su capacidad de respuesta frente a las fluctuaciones del mercado”.
El nuevo marco regulatorio apunta a “favorecer un entorno más propicio para la gestión” de las instituciones privadas y garantizar la “sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”. Desde el Ejecutivo sostienen que la desregulación permitirá mayor competencia y previsibilidad para los colegios que no dependen de subsidios, representando el 6% del sistema educativo nacional.
El economista Federico Sturzenegger celebró la medida en redes sociales, destacando que busca “poner fin a los saltos exhorbitantes en las cuotas de los colegios privados” y “actualizar un régimen obsoleto”. En tanto, señala La Nación, fuentes del Ministerio de Capital Humano señalaron que la desregulación “no afecta los derechos de los padres ni las obligaciones educativas de los institutos”, sino que “moderniza la relación entre el Estado y las escuelas privadas”.
Fuente: La Nación