Lo hizo al rechazar el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado bonaerense y ratificar la vigencia del fallo de primera instancia.
El 28 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich, un adolescente de 15 años, mató a tres compañeros de colegio y baleó a otros cinco. Fue declarado inimputable, pasó por un instituto de menores y estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Hoy, a sus 34 años, su paradero es resguardado por la Justicia.
Según publicó el diario Clarín, el juzgado federal 2 de Bahía Blanca había hecho lugar a la demanda de los familiares de una de las víctimas, y había condenado a ambos organismos a abonar, en partes iguales, $ 3.000.000 por daño moral y psíquico, $ 324.000 por tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, $ 4.252.000,35 por incapacidad sobreviniente y $ 194.657,76 por la pérdida de chance. Las cifras, una vez que la sentencia quede firme, serán actualizadas por intereses.
“Ni de la prueba producida ni de los dichos de la propia Dirección General de Educación y Cultura surge que la conducta del menor S. pueda caracterizarse como imprevisible e inevitable”, fallaron los camaristas Pablo Esteban Larriera y Leandro Sergio Picado, de la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca.
En ese sentido, consideraron que la comunidad educativa, compuesta por directivos, docentes, no docentes, y el equipo de orientación escolar conocían la problemática del menor, los antecedentes de armas en la escuela (en otra ocasión ya se había llevado un arma y no se tomaron medidas) y la ausencia de adulto responsable en el aula (lo que surgía de las declaraciones testimoniales).
Asimismo, sumaron que el propio padre del atacante concurrió en dos ocasiones a la escuela, y solicitó ayuda por las conductas de su hijo.
Fuente: Frente a Cano