El fiscal Fernando Rivarola resolvió apelar en los tribunales de Trelew la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, en la que rechazó el juicio abreviado que beneficia a tres de los imputados en la causa que investiga la violación grupal de una joven, ocurrida en septiembre de 2012 en Playa Unión cuando tenía 16 años. El argumento de la apelación, es que la decisión del juez “no respeta la voluntad de la víctima”.
En su acuerdo, Rivarola utilizó la frase “desahogo sexual” y pactó con las defensas y la víctima que los imputados afronten una pena leve de tres años de prisión en suspenso por el delito de “abuso sexual simple”, tras una calificación inicial de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación grupal. Según el fiscal, duramente cuestionado por el contenido de su dictamen, la calificación menor responde a que siete años después -el caso fue denunciado en 2019- no pudo probarse una violación.
El juez Nieto Di Biase rechazó este planteo al considerarlo una pena “exigua” y aseguró que no tolerará que exista una justicia que «tenga resultados diferentes según el poder adquisitivo de los imputados”. Ayer por la tarde, el magistrado aludió a un acuerdo monetario entre acusados y víctima. Por otra parte, fuentes del caso días antes habían hablado de “una indemnización”.
“Soy juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”, sostuvo el magistrado en su sentencia. Para el juez, la aplicación correcta de la norma debería sostener una pena de entre 8 a 20 años de prisión, es decir, una condena por violación propiamente dicha.
A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Chubut anticipó que apelará esa medida “por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso”. Así, buscará defender el acuerdo alcanzado
Nieto Di Biase reconoce la dificultad del caso y los objetivos de la fiscalía, pero discrepa fuertemente con lo acordado por Rivarola. “Soy consciente de lo que está pasando la joven, pero es mi deber. No escapo a la revictimización, pero debo actuar cumpliendo mis deberes como juez”, sostuvo el juez de garantías de Trelew, tras una semana de hermetismo a la prensa.
Fuentes en torno al caso confirmaron a Infobae que existe una “indemnización” a la víctima del ataque sexual por parte de los imputados. “Hubo un acuerdo privado entre los imputados y la víctima. No me hicieron saber el monto ni en qué consistía porque había un pacto de confidencialidad”, reveló el juez Di Biase al justificar su sentencia que revocó el dictamen.
De acuerdo al propio testimonio de la mujer, Rivarola siempre la “mantuvo al avance de la investigación y las pruebas», fue asesorada por un abogado familiar sobre los términos del acuerdo, y “nunca se sintió presionada”. Por su lado, la psicóloga que instruyó como perito indicó que la intención de la joven con la acusación fue “su fuerte deseo de sanar a partir de que los imputados reconozcan el hecho”.
«Necesito cerrarlo porque necesito seguir viviendo”, argumentó la mujer abusada sexualmente. La conclusión de la denuncia o la continuidad del proceso judicial ahora tendrá que ser definida por el tribunal superior, la Cámara del Crimen de Trelew.
Sin embargo, a raíz de la repercusión de su actuación, con el fuertemente criticado término “accionar doloso de desahogo sexual”, Rivarola quedó bajo la mira del poder político. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, impulsó el juicio político al fiscal ante el Consejo de la Magistratura provincial para que se evalúe su destitución. Ese proceso está previsto para fines de este mes o principio de julio.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, informó que existen dos denuncias contra el fiscal: uno se vincula con el que tomó mayor trascendencia pública, que es el uso de la expresión de “desahogo sexual” como figura dolosa para imputar el “abuso sexual simple”, y que recibió cuestionamientos de organizaciones feministas, dirigentes políticos y de parte de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta por la falta de “perspectiva de género” en los fundamentos del dictamen. La segunda acusación es el cambio de la figura delictiva que le correspondía inicialmente: abuso sexual con acceso carnal, agravado por la acción en banda.
Rivarola también tomó la iniciativa para defender su actuación. Elevó un sumario administrativo ante el Ministerio Público y presentó una denuncia por la filtración de los documentos reservados del caso que contienen detalles que afectan la intimidad de la víctima. Entre los archivos se encuentra el acuerdo de juicio abreviado, así como otros archivos del legajo. A raíz de este pedido, ayer al mediodía en Puerto Madryn allanaron una fiscalía. La hipótesis es que un empleado desleal extrajo esos documentos del sistema en línea SRCONEX y los filtró a la prensa.
Fuente: Infobae