La respuesta oficial a dicho comunicado fue muy dura, al punto de atribuir a los “negocios financieros” de las empresas el actual estado de crisis del sistema de la salud privada en Argentina. Y aseguraron que en función de ese escenario ahora están tratando de reconvertir la situación de quebranto a partir de la desregulación del sector que habilitó el DNU 70.
Altas fuentes del Gobierno arremetieron contra los financiadores: “Durante todos estos años las prepagas asfixiaron a los prestadores. Ellos cobraron subsidios millonarios del Estado y en lugar de poner la plata en el sistema de salud hicieron negocios financieros”, dijeron.
Agregaron que “a los prestadores los usaron como variable de ajuste. Cobraban, trabajaban la plata y algunos pagaban hasta 120 días. Algunos empresarios fueron cómplices de que el sistema de salud hoy esté como esté, prácticamente quebrado”.
Como solución a esa crisis reflejada en el comunicado de la UAS, la respuesta dice que “el Gobierno está reordenando esta situación, obligando a las empresas a que compitan y dándole libertad de elección a los beneficiarios”.
Para finalizar con que “no se regulan más valores de cuotas, pero eso no significa que se permita que empresarios abusen de los beneficiarios para hacer sus negocios y continuar arruinando el sistema de salud”.
Desde el sector de las prepagas manifestaron cierta sorpresa por estas últimas críticas, en función de que “existe la sensación de que viene habiendo una mejor vinculación entre el sector y el Gobierno”. A lo que añadieron que “ninguna de esas 5.000 clínicas a las que hace alusión la UAS trabajan con prepagas, sino que fundamentalmente lo hacen con el IOMA y el PAMI. Es un error mayúsculo de interpretación o hasta malintencionado querer vincular a las prepagas con ese comunicado”.
Fuente: Clarín