La propuesta apunta a subir el costo penal para quienes denuncien hechos inexistentes. En su versión original, el esquema planteaba penas de entre 1 y 3 años de prisión, con agravantes que podían llevarlas hasta los 6 años en casos vinculados a violencia de género, abuso o menores. Además, incluía sanciones para falsos testimonios y peritajes adulterados, ampliando el alcance del delito.
El problema, en realidad, no estuvo tanto en la letra fina de las penas, sino en el impacto potencial de la norma. Y ahí, los gobernadores jugaron fuerte. Desde distintas provincias comenzaron a surgir advertencias: una ley demasiado amplia podría terminar generando un efecto contrario al buscado. Es decir, desalentar denuncias reales, sobre todo en casos sensibles como la violencia de género o familiar.
Con ese escenario, el Gobierno optó por bajar un cambio y abrir una instancia de negociación. No se trata de tirar todo por la borda, pero sí de ajustar lo necesario para que el proyecto tenga viabilidad política. En otras palabras: afinar la redacción para evitar interpretaciones ambiguas.
Uno de los ejes clave de la reformulación es dejar en claro que solo serán punibles las denuncias con intención comprobada de mentir. Es decir, se busca trazar una línea bien definida entre una denuncia falsa y una que simplemente no puede probarse.
En paralelo, también se trabaja en incorporar salvaguardas específicas para los casos de violencia de género. Ahí es donde más fuerte aparece el riesgo de desaliento, y donde el oficialismo intenta mostrar sensibilidad frente a los cuestionamientos. La idea es clara: avanzar contra las denuncias falsas sin generar miedo a denunciar.
Aun así, el respaldo sigue siendo parcial. Algunos gobernadores valoran los cambios como un gesto de apertura, pero otros mantienen sus dudas. Por eso, el Gobierno insiste en un equilibrio que no es sencillo: endurecer las sanciones para los casos comprobados, sin cerrar la puerta a quienes necesitan acudir a la Justicia.
Fuente: Perfil