La maniobra implica una combinación explosiva de aumentos en las facturas de luz y gas, cambios de reglas en el mercado mayorista y eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios, salvo el destinado a zonas frías. La meta oficial es reducir el costo fiscal del esquema energético y avanzar en un modelo de precios reales y competencia privada.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la hoja de ruta para el año próximo cuando estuvo la comisión de Presupuesto del Congreso: «Queremos bajar el peso de los subsidios del 0,6% del PBI al 0,5% el año que viene», planteó. Para eso, los hogares de ingresos altos pagarán la tarifa plena; los de ingresos medios, el 67%; y los de ingresos bajos, el 43%.
En números concretos, los usuarios residenciales pasarán a cubrir en promedio el 67% del costo mayorista, frente al 53% actual y al 44% de 2024.
La resolución 400/2025 formalizó el nuevo esquema de precios marginales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), alineado con la Ley Bases. El objetivo, aseguran desde el Ejecutivo, es eliminar las distorsiones provocadas por años de control estatal y devolver las reglas de competencia al sector. «El Estado debe volver a concentrarse en la regulación, no en manejar el negocio», sostienen en Energía.
La reforma también contempla un mercado a término, donde generadores, distribuidoras y grandes usuarios podrán contratar directamente la energía y potencia necesarias. El Gobierno confía en que esta modalidad fortalecerá la inversión privada, brindará previsibilidad y promoverá un escenario competitivo, después de dos décadas de precios artificiales y señales económicas distorsionadas.
Pero la transformación no se limita a la electricidad. El Ejecutivo ratificó su intención de mantener los contratos de gas vigentes hasta 2028, al tiempo que impulsa un mercado más abierto, capaz de atraer capital y asegurar calidad de servicio.
Fuente: TN