El gobierno de Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto de nueva ley de sociedades, que ingresará por el Senado y se sumará a otras cuatro iniciativas remitidas la semana pasada. La propuesta fue trabajada principalmente por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, con colaboración del Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Mahiques.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma busca modernizar una normativa vigente desde la dictadura de Alejandro Lanusse y adaptar el derecho societario argentino a la economía actual. Uno de los ejes centrales será otorgar mayor poder al estatuto de cada compañía, con normas legales de carácter supletorio y menor intervención estatal. “Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios”, señalaron fuentes oficiales.
El proyecto también permitirá que el objeto social sea amplio y plural, sin necesidad de vinculación entre las actividades declaradas. Incluso, si no se consigna un objeto en el estatuto, se interpretará que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Además, el Gobierno apunta a eliminar trabas burocráticas en los registros públicos.
Uno de los puntos más sensibles será la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero y pacten cláusulas arbitrales para resolver disputas sin recurrir a la Justicia ordinaria. Desde el oficialismo explicaron que los socios podrían elegir reglas de jurisdicciones como Delaware, Londres, Dubai o Nueva York para regular sus vínculos internos.
La iniciativa prevé además la digitalización plena de las sociedades, con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, firma digital o electrónica y legajos públicos digitales.
Otro aspecto novedoso será la creación de nuevos tipos societarios, como las “sociedades automatizadas”, operadas por algoritmos o inteligencia artificial, y las DAO, con participación en tokens y registros en blockchain. Según el Gobierno, estas figuras “tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”.
El texto también incorpora instrumentos de inversión convertibles, renovación automática del plazo societario y mandatos de directores y síndicos por tiempo indeterminado, salvo acuerdo contrario.
Fuente: La Nación