El Gobierno nacional remitió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral del sistema de discapacidad, con cambios en el acceso a pensiones, nuevas exigencias administrativas y modificaciones en el financiamiento de las prestaciones. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado en un contexto de críticas por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones por invalidez. Según el texto, deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”, establece la propuesta.
El proyecto también introduce un sistema de control más estricto mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. Además, habilita la suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias detectadas, aunque contempla el derecho a defensa de los titulares.
En cuanto al monto de las pensiones, se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable. A su vez, establece la incompatibilidad total con el empleo formal, lo que impediría que una persona con discapacidad mantenga el beneficio si accede a un trabajo registrado.
La iniciativa también propone cambios en el sistema de prestaciones, eliminando el nomenclador nacional y habilitando acuerdos descentralizados entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos. Esto implicaría una desregulación en la fijación de aranceles por parte de obras sociales y prepagas.
Además, se eliminan programas vinculados a la promoción del empleo para personas con discapacidad y beneficios para empresas que las contraten, lo que podría impactar en las políticas de inclusión laboral vigentes.
El proyecto deroga artículos clave de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad y, según especialistas, implica un retorno a un esquema más restrictivo en comparación con la normativa vigente, que había ampliado el universo de beneficiarios con un criterio más amplio que la invalidez laboral.
En este escenario, se anticipa un debate intenso en el Congreso, donde incluso sectores aliados al oficialismo podrían plantear objeciones, en un contexto de creciente tensión política y social en torno al sistema de discapacidad.