Para acceder al programa las y los empleadores deben tener un promedio salarial menor al piso de Ganancias ($280.792), garantizar que el nuevo contrato laboral esté registrado, sea de seis horas semanales o más, pagar aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante. Por su parte, el Estado se encarga de abrir una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el salario.
En el caso de que los ingresos brutos mensuales de la parte empleadora no superen el 70 % del piso salarial que paga Ganancias, el aporte del Estado es del 50% del salario correspondiente por convenio colectivo a la trabajadora doméstica. Pero si percibe sumas superiores, el aporte estatal es del 30%. De todos modos, cada empleadora y cada empleador puede anotarse solo por una relación laboral.
Al ingresar al programa, la parte empleadora asume el compromiso de extender el contrato laboral, al menos, durante los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio. De esta manera, se totaliza una continuidad laboral para las empleadas domésticas de al menos 10 meses.
La norma, que llevó las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y los ministros de Trabajo y Mujeres, Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta respectivamente, busca reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado.
El cobro del beneficio es compatible la Asignación Universal por Hijo, pero no con la pensión por invalidez y la pensión por más de 7 hijos. Otra de las excepciones del programa Registradas es para las personas que informaron un despido sin causa o un cese de la relación laboral de mutuo acuerdo desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Fuente: diario Página 12