El Ejecutivo asegura además que desplazará a todos los contratados que desaprueben los exámenes del Sistema de Evaluación Pública, que fijó la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Los trabajadores cuentan con tres oportunidades para rendir las evaluaciones, que están divididas entre profesionales y no profesionales.
Según datos de la Casa Rosada, más de 10.000 empleados ya se sometieron a las pruebas, con 95% de aprobados. Sin embargo, los gremios aseguran que aún quedan más de 30.000 inscriptos por evaluar antes del 31 de enero. “Los que aprueben los exámenes y sean requeridos por sus jefes van a tener la ampliación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025?, expresaron desde Nación.
Desde Balcarce 50 también informaron que se prorrogó la vigencia de más de 40.000 contratos hasta marzo, a fin de que los trabajadores puedan completar sus evaluaciones. Además, se espera que en los próximos meses los ministros y titulares de áreas clave definan las dotaciones necesarias para sus equipos, con el objetivo de continuar ajustando la estructura estatal.
Este enfoque, según el Ejecutivo, es esencial para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y alinear la administración con los estándares de modernización.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que actualmente existen 57.540 contratos vigentes, incluyendo monotributistas y contratados bajo el artículo 9 de la Ley de Empleo Público. Los recortes proyectados, señalan desde el gremio, afectarían áreas como Justicia, Capital Humano y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Cabe destacar que desde el inicio de esta reforma, más de 35.000 empleados, tanto contratados como de planta permanente, ya fueron desvinculados.
Fuente: TN