El ajuste impacta en distintas áreas del Estado, pero uno de los puntos centrales es la reducción de partidas vinculadas a educación y universidades, en la previa de una nueva marcha federal universitaria prevista en Plaza de Mayo. Según la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
Entre las bajas más importantes figura el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288 millones, principalmente en fondos destinados a las provincias. También se eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929 millones y se redujeron partidas para infraestructura escolar, equipamiento, políticas socioeducativas y becas estudiantiles.
Las universidades nacionales también fueron alcanzadas por la medida, con una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. Entre las más afectadas aparecen La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
La decisión también contempla cambios en materia previsional. Se elevó a $712.288 millones el límite para cancelar sentencias judiciales previsionales y deudas derivadas de acuerdos transaccionales. Además, se reforzaron créditos para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal de Anses, con una transferencia de $162.000 millones desde el Tesoro.
Por otra parte, el Consejo de la Magistratura recibió incrementos presupuestarios para gastos en personal y bienes de uso. En paralelo, el mayor recorte general recayó sobre “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-”, por $1,47 billones, en línea con la reducción de subsidios y el aumento de tarifas. También hubo bajas en energía, deporte, obra pública, salud, integración social y urbanización.
Fuente: La Nación