El nuevo esquema distingue tres categorías de inscripción: autocultivadores, terceros cultivadores y personas jurídicas autorizadas. “Los usuarios podrán ser representados por un familiar en primer o segundo grado de consanguinidad, tutor, curador, o representante legal con acreditación de tal carácter”, detalla la resolución, según informó el Ministerio de Seguridad en su sitio web.
En el caso de los terceros cultivadores, se establece que no deben tener antecedentes penales por delitos vinculados a estupefacientes. Además, “sólo podrán cultivar para sí mismos y para un único usuario adicional”, con un límite de cultivo que no supere el doble del permitido para un autocultivador. También deberán presentar informes cromatográficos por lote y reportes semestrales sobre las plantas y genéticas utilizadas.
Las personas jurídicas —como asociaciones civiles o fundaciones— deberán cumplir con estrictos requisitos técnicos y regulatorios. Para su inscripción se exige un plan de cultivo detallado, un director médico y un responsable técnico capacitado. “Deberán presentar informes semestrales detallando el progreso y las actividades realizadas”, remarca la nueva reglamentación.
La resolución también establece que los profesionales médicos intervinientes deben estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con formación específica. El plazo para adecuarse a la normativa será de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial.
Esta actualización busca “regular en forma más concreta a todos los actores del proceso de producción de cannabis para uso medicinal”, reforzando la trazabilidad y los estándares de calidad.