La Universidad de Buenos Aires (UBA) se convirtió en la primera institución en iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La decisión fue adoptada por unanimidad en el Consejo Superior el 22 de octubre de 2025.
El organismo consideró que el decreto presidencial que promulgó la norma, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento, “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La resolución instruyó al rector a “iniciar las acciones judiciales pertinentes a fin de exigir la inmediata implementación efectiva”. Además, ordenó comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la UBA.
El texto aprobado advierte que la decisión del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial”.
En los considerandos, el Consejo Superior remarcó que la universidad ya había declarado la emergencia “tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina”.
También subrayó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El Consejo sostuvo que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina” y reclamó que “de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley”. La UBA considera que su cumplimiento es esencial para preservar la educación pública y la institucionalidad democrática.
Fuente: Infobae