El organismo consideró que el decreto presidencial que promulgó la norma, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento, “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La resolución instruyó al rector a “iniciar las acciones judiciales pertinentes a fin de exigir la inmediata implementación efectiva”. Además, ordenó comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la UBA.
El texto aprobado advierte que la decisión del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial”.
En los considerandos, el Consejo Superior remarcó que la universidad ya había declarado la emergencia “tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina”.
También subrayó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El Consejo sostuvo que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina” y reclamó que “de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley”. La UBA considera que su cumplimiento es esencial para preservar la educación pública y la institucionalidad democrática.
Fuente: Infobae