El programa había sido lanzado en 2012, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para otorgar créditos hipotecarios subsidiados para la compra o remodelación de viviendas familiares.
Una de las principales preocupaciones de los beneficiarios actuales de Pro.Cre.Ar es qué ocurrirá con sus créditos hipotecarios. En respuesta a esto, el decreto establece que el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.
El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.
El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Pro.Cre.Ar y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.
Además, los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.
Fuente: El Día