El jefe de Gabinete llega con una misión clara: desmarcar al presidente Javier Milei y a su hermana Karina de cualquier vínculo directo con el proyecto, al tiempo que esquivará brindar precisiones sobre la documentación reunida por la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) del Ministerio de Justicia. De hecho, ya avisaron que no se adentrará en detalles sobre los empresarios implicados ni sobre el diseño de la polémica moneda digital.
Detrás del telón, la Casa Rosada pulió un discurso quirúrgico. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, lideró el trabajo junto a su equipo de abogados, mientras que Santiago Caputo aportó la impronta política. La estrategia pivotea sobre dos ideas fuertes: que no hubo delito administrativo y que el Presidente apenas le dio «difusión» al proyecto, sin involucrarse en su gestación. En paralelo, Francos tuvo encuentros clave con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con autoridades de la CNV para afinar el marco técnico de su defensa.
El Gobierno ya entregó un informe de gestión a los legisladores, pero eligió separar las respuestas sobre $Libra en otro canal. Así, responderá por escrito algunos pedidos de información, aunque se reservará las 70 preguntas específicas sobre la criptomoneda. «No es momento de dar más detalles», dicen cerca de Francos, apelando al argumento de que la investigación sigue en curso y bajo estricta reserva.
Por último, la administración Milei continúa recolectando datos de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para robustecer su defensa judicial. María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, comanda esa tarea en silencio. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a capear la tormenta, confiando en que la estrategia de blindaje surta efecto ante el Congreso y en los tribunales.
Fuente: TN