La medida fue definida por Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que publicó en la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial el pasado 14 de enero. El Doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario Julen Bollain expresó que la decisión “viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad”.
A través de una misiva, la ANDIS expresó: “Queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta“.
Asimismo, prometieron que “la Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)”.
“Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”, remarcaron y subrayaron su “compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”.
