La obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que cubre a más de 600 mil afiliados, atraviesa una de las peores crisis de su historia: pasó de un superávit de $25.000 millones al asumir la gestión de Luis Petri (2023) a una deuda que superó los $200.000-250.000 millones, con suspensiones de cirugías, falta de medicamentos y prestaciones cortadas en todo el país. Denuncias penales contra Petri (por malversación, administración fraudulenta y abandono de persona), préstamos desviados ($40.000 millones del IAF usados para pagar deudas corrientes en vez de mejorar infraestructura) y reclamos de militares y gremios como ATE.
La polémica en el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) se centra en una reciente aprobación de un gasto por $108 millones mediante contratación directa a una empresa de software, en medio de la disolución del organismo y una crisis financiera extrema.
Según publicaciones y reportes de medios como Realpolitik, en plena disolución del IOSFA (disuelto por DNU a inicios de 2026), se autorizó este desembolso por contratación directa.
Esto ha generado dudas y sospechas de irregularidades, ya que no sería la primera vez que se aprueban gastos millonarios en un contexto de colapso: la obra social arrastra deudas que superan los $200.000 millones (algunos reportes hablan de hasta $210.000 o $300.000 millones), con afiliados sin cobertura médica adecuada, suspensiones de tratamientos, falta de medicamentos y prestadores que cortan servicios.
Este gasto se suma a otras controversias durante la gestión de Luis Petri como ministro de Defensa (hasta fines de 2025), quien es acusado por opositores y denuncias (como la penal presentada por la diputada Lourdes Arrieta) de haber llevado al IOSFA al borde de la quiebra: pasó de un superávit de alrededor de $25.000 millones al asumir (según documentos contables de 2023) a un déficit masivo, con préstamos impagos (como uno de $14.000 millones al IAF y otro de $42.000 millones), contratos cuestionados (incluyendo con droguerías como Suizo Argentina por montos de $50.000 millones o más) y acusaciones de malversación, vaciamiento de reservas y abandono de prestaciones.
La aprobación de estos $108 millones para software ocurre mientras el IOSFA ya está en liquidación y sin capacidad operativa plena, lo que alimenta críticas por priorizar gastos no esenciales en un organismo al límite, con más de 600.000 afiliados (militares, de seguridad y familias) afectados.
La información surge principalmente de fuentes periodísticas y posteos en redes, con fuerte polarización: críticos al gobierno anterior lo ven como evidencia de desmanejo, mientras defensores apuntan a problemas heredados o intentos de modernización fallidos. No hay detalles públicos precisos sobre la empresa específica de software o el objeto exacto del contrato en los reportes disponibles, pero el monto y el timing han disparado la polémica.
Los detalles del contrato de software (o más precisamente, relacionado con sistemas informáticos/asistenciales) en el IOSFA por $108 millones provienen de reportes periodísticos recientes, principalmente de Realpolitik y fuentes afines, publicados alrededor del 20 de marzo.
Detalles clave del contrato:
Monto: $108 millones de pesos.
Modalidad: Contratación directa (sin licitación pública).
Empresa adjudicataria: Tekhne SA (única oferente en el proceso).
Objeto del contrato: Mantenimiento del sistema asistencial (sistema informático o de gestión asistencial del IOSFA) durante seis meses, con opción a prórroga.
Fecha de formalización: 18 de marzo de 2026.
Autoridad que aprobó: El administrador designado Ariel Guzmán (en el contexto de la disolución y liquidación del organismo).
Contexto: Se aprobó en plena disolución del IOSFA (iniciada por el DNU 88/2026 de febrero 2026, que ordena su liquidación y transferencia a OSFA y OSFFESEG). Esto ha generado críticas por considerar el gasto como no prioritario o innecesario, dado el colapso financiero (deuda > $200.000 millones), cortes de prestaciones y falta de cobertura para afiliados.
La contratación se justificó por «especialidad» de la empresa, según los reportes. No se trata de un desarrollo nuevo de software, sino de mantenimiento de sistemas existentes para sostener operaciones mínimas durante la transición/liquidación.
Fuentes principales:
Artículo de Realpolitik (20/03/2026): Detalla la aprobación y las dudas por el timing y la modalidad directa.
Publicaciones en redes (como X/Twitter) que comparten el link al artículo, destacando que «no es la primera vez» que se aprueban gastos millonarios en este contexto (ej. consultorías previas por $86 millones para diseño de Programa Integral de Prestaciones, autorizadas por Sergio Maldonado).
No hay información pública adicional sobre cláusulas específicas, plazos exactos de pago o detalles técnicos del sistema más allá de lo mencionado.
El foco de la polémica radica en el contraste entre este desembolso y la crisis extrema del IOSFA (deuda masiva, desabastecimiento de medicamentos y prestadores que suspenden servicios).
Fuente: mundo poder