Los intendentes saben que se vienen nuevos tiempos. Con esa premisa llegaron este lunes a la gobernación bonaerense. El gobernador hizo una proyección a corto plazo. Contó que en la reunión que mantuvo el último viernes con el eventual ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos, no hubo mayores acuerdos, que le contó qué necesita la provincia y lo que tiene en ejecución en obra pública por ejemplo. Del otro lado, según la versión de los intendentes y algunos funcionarios trasladada por Kicillof, no hubo respuestas: solo recepción de las inquietudes.
Es en este contexto que los intendentes le pidieron a Kicillof que se ponga al frente de un posicionamiento político. “Que conduzca”, contestó el intendente de Ensenada, Mario Secco al salir de la reunión cuando se le consultó qué le habían pedido al gobernador. “Tiene el coraje para hacerlo, llevar adelante una provincia sin los recursos que antes tenía de Nación. Entonces, la verdad es que lo mejor que puede hacer es conducir el hermoso grupo que hemos logrado. 84 intendentes y el gobernador con una elección extraordinaria. Están todas las condiciones dadas para ir hacia adelante”, agregó.
Los intendentes están preocupados por el posible recorte en la obra pública que podría ejecutar el gobierno nacional. En la actualidad hay 899 obras en ejecución en la provincia de Buenos Aires. También, ante la llegada de fin de año, algunos municipios bregan por poder pagar sueldos y aguinaldos. Ese fue otro tema que sobrevoló la reunión de este lunes.
Algunos intendentes ya preparan su propio ajuste. Ricardo Moccero, de Coronel Suárez, fue contundente. “Se viene un año difícil, va a haber que ajustar más allá de las medidas que tomen que sabemos que no van a ser favorables para nuestros gobiernos”, planteó este lunes. “Lo que hemos manifestado es que ya comenzamos con el ajuste para poder apaciguar lo que se viene”, agregó. En su caso, adelantó que congeló los nombramientos, eliminó las horas extras “y algunas secretarias”.
Así como semanas atrás se pronunciaron los gobernadores, este lunes jefes comunales de Unión por la Patria también mostraron su preocupación por la merma de fondos producto de la modificación en la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que el gobierno nacional empujó en el Congreso y convirtió en ley en plena campaña electoral. El cálculo que hacen los líderes territoriales es que la Provincia dejará de percibir $60 mil millones.
Estratégica y políticamente, los jefes comunales peronistas también buscan mostrarse abroquelados, detrás de la conducción de Kicillof. Plantear una instancia diferente a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal; donde florecían los diferentes espacios intendentistas dentro del peronismo y con mayor o menor sintonía con las administraciones de Cambiemos.
“Tenemos que seguir unidos los 84 intendentes de Unión por la Patria y presentarle a los legisladores la problemática porque para eso fueron elegidos para defender a los intendentes”, aseguró el jefe comunal de Coronel Suárez. Un colega suyo fue más descriptivo al decir que había que evitar que haya “saltimbanquis”. Todos bajo un mismo plan que implica además que una visita al nuevo ministro del Interior para después del 10 de diciembre.
Kicillof no dio mayores precisiones sobre el andar del gobierno nacional porque, básicamente, al parecer no las tiene. Sí le transmitió a los intendentes que el pedido de endeudamiento que giró a la Legislatura bonaerense el viernes pasado iba en el sentido de garantizar o apaciguar las dudas -y deudas- que los intendentes explicitaron que se les presentaban en el corto y mediano plazo, durante la reunión de este lunes.
Para el último tramo de su primer mandato, el gobernador le pidió autorización a la Legislatura bonaerense para poder endeudarse por una suma similar a 150 millones de dólares, al valor del dólar oficial en el momento de llevar adelante la transacción.
El proyecto remarca que la decisión tiene como objetivo sostener la ejecución de obras y programas sociales. Kicillof busca así, tener un reaseguro para continuar con algunos planes de obra provincial; en caso -finalmente- que la obra pública nacional se frene en la administración de Milei. El proyecto es la primera señal contundente de la administración bonaerense ante el nuevo escenario que presenta el gobierno libertario.
En el gremio de la construcción están en alerta. Días atrás, la UOCRA emitió un comunicado en el que plantean su preocupación “respecto de la incertidumbre provocadas por las manifestaciones mediáticas realizadas por el presidente electo, Javier Milei, en materia de política de obra públicas que, de concretarse, pondrían en riesgo la continuidad laboral de 220 mil trabajadores constructores”.
Fuente: Infobae
