Este informe se basa en datos del Boletín Oficial por la última modificación del presupuesto nacional. En el Ministerio de Defensa las partidas para el Ejército, para Aeronáutica son significativas mientra que para para la Armada «una miseria».
El Gobierno modifica mediante Decreto 867/2026 de Necesidad y Urgencia el Presupuesto 2026 que había sido aprobado por la Ley 27.798.
El Congreso aprobó una determinada cantidad de dinero y su distribución; ahora el Poder Ejecutivo dice que necesita cambiar esa distribución y/o aumentar determinados créditos presupuestarios.
No significa solamente que el Gobierno decidió gastar más dinero. Modifica el Presupuesto 2026 redistribuyendo partidas: aumenta créditos para determinados organismos y actividades, reduce otros y además incorpora nuevos recursos, entre ellos ingresos por venta de inmuebles y otros activos del Estado.
El propio Gobierno da varias razones concretas: cubrir necesidades salariales, gastos de inteligencia, aumentar partidas para la CONAE y modificar el presupuesto del Ministerio de Defensa para incorporar, modernizar y recuperar equipamiento de las Fuerzas Armadas. También sostiene que, sin la modificación inmediata, podrían verse comprometidos determinados servicios esenciales.
Y acá aparece algo jurídicamente interesante: el Ejecutivo reconoce que está utilizando la vía excepcional del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, es decir, un DNU, y por eso dispone enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.
El decreto hace una reestructuración grande de partidas. A algunos organismos les agrega créditos, pero simultáneamente produce una reducción enorme en Obligaciones a Cargo del Tesoro: $288.474,8 millones. De esa baja, $35.141,7 millones corresponden a transferencias a administraciones públicas provinciales para gastos corrientes.
¿Dónde aparecen aumentos importantes?
El Poder Legislativo recibe $63.810,9 millones adicionales, fundamentalmente para gastos de personal.
El Poder Judicial tiene una modificación de $111.210,3 millones; solamente $100.000 millones aparecen destinados a personal en Actividades Centrales.
La Secretaría de Inteligencia de Estado recibe $30.518,9 millones: unos $10.905 millones para gastos corrientes y $19.613,9 millones para bienes de capital, especialmente equipamiento.
La CONAE es otro incremento muy importante. Desde Jefatura de Gabinete aparecen contribuciones por aproximadamente $117.274,5 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Y después tenemos Defensa. No todo lo que aparece ahí debemos llamarlo “gasto” en sentido corriente. Hay aplicaciones financieras, concretamente adelantos a proveedores y contratistas de largo plazo: $114.732,8 millones para el Ministerio de Defensa y $60.429,5 millones para el Ejército. La Fuerza Aérea tiene otros $31.211,1 millones de adelantos a proveedores.
Y la Armada Argentina aparece expresamente: suma $8.115,6 millones entre gastos corrientes y de capital. Hay $2.200 millones para equipamiento informático y, dentro del Alistamiento Operacional, $5.915 millones para bienes, mantenimiento, reparaciones, servicios y equipamiento.
¿De dónde salen recursos para Defensa?
El decreto incorpora $222.911,99 millones de recursos de capital provenientes de venta de activos del Estado, fundamentalmente venta de edificios e instalaciones. El detalle: $44.090,1 millones de esos recursos provenientes de venta de edificios e instalaciones aparecen expresamente afectados al Ministerio de Defensa.
Fuente: Mega