El Gobierno modifica mediante Decreto 867/2026 de Necesidad y Urgencia el Presupuesto 2026 que había sido aprobado por la Ley 27.798.
El Congreso aprobó una determinada cantidad de dinero y su distribución; ahora el Poder Ejecutivo dice que necesita cambiar esa distribución y/o aumentar determinados créditos presupuestarios.
No significa solamente que el Gobierno decidió gastar más dinero. Modifica el Presupuesto 2026 redistribuyendo partidas: aumenta créditos para determinados organismos y actividades, reduce otros y además incorpora nuevos recursos, entre ellos ingresos por venta de inmuebles y otros activos del Estado.
El propio Gobierno da varias razones concretas: cubrir necesidades salariales, gastos de inteligencia, aumentar partidas para la CONAE y modificar el presupuesto del Ministerio de Defensa para incorporar, modernizar y recuperar equipamiento de las Fuerzas Armadas. También sostiene que, sin la modificación inmediata, podrían verse comprometidos determinados servicios esenciales.
Y acá aparece algo jurídicamente interesante: el Ejecutivo reconoce que está utilizando la vía excepcional del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, es decir, un DNU, y por eso dispone enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.
El decreto hace una reestructuración grande de partidas. A algunos organismos les agrega créditos, pero simultáneamente produce una reducción enorme en Obligaciones a Cargo del Tesoro: $288.474,8 millones. De esa baja, $35.141,7 millones corresponden a transferencias a administraciones públicas provinciales para gastos corrientes.
¿Dónde aparecen aumentos importantes?
El Poder Legislativo recibe $63.810,9 millones adicionales, fundamentalmente para gastos de personal.
El Poder Judicial tiene una modificación de $111.210,3 millones; solamente $100.000 millones aparecen destinados a personal en Actividades Centrales.
La Secretaría de Inteligencia de Estado recibe $30.518,9 millones: unos $10.905 millones para gastos corrientes y $19.613,9 millones para bienes de capital, especialmente equipamiento.
La CONAE es otro incremento muy importante. Desde Jefatura de Gabinete aparecen contribuciones por aproximadamente $117.274,5 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Y después tenemos Defensa. No todo lo que aparece ahí debemos llamarlo “gasto” en sentido corriente. Hay aplicaciones financieras, concretamente adelantos a proveedores y contratistas de largo plazo: $114.732,8 millones para el Ministerio de Defensa y $60.429,5 millones para el Ejército. La Fuerza Aérea tiene otros $31.211,1 millones de adelantos a proveedores.
Y la Armada Argentina aparece expresamente: suma $8.115,6 millones entre gastos corrientes y de capital. Hay $2.200 millones para equipamiento informático y, dentro del Alistamiento Operacional, $5.915 millones para bienes, mantenimiento, reparaciones, servicios y equipamiento.
¿De dónde salen recursos para Defensa?
El decreto incorpora $222.911,99 millones de recursos de capital provenientes de venta de activos del Estado, fundamentalmente venta de edificios e instalaciones. El detalle: $44.090,1 millones de esos recursos provenientes de venta de edificios e instalaciones aparecen expresamente afectados al Ministerio de Defensa.
Fuente: Mega