La CGT convocó a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei, que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral y el sistema de salud. El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada ayer al Congreso. Causó enojo y sorpresa, sobre todo, el capítulo en lo relativo a las restricciones a la protesta social. “Es despótico, eso terminó de detonar todo”, lo calificó ante LA NACION un jerárquico de la CGT. La última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri.
La medida se resolvió de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT y del que participaron las regionales de todo el país. El 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre la protesta, que contemplará una movilización al Congreso a partir de las 12 con la intención de poner otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Es en respuesta a un DNU ilegal. No hay necesidad ni urgencia de aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz del país. Atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, también contra el sistema solidario de salud”, argumentó Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Y agregó: “Mientras que ayer nos estábamos movilizando apareció una ley ómnibus que atenta contra los jubilados. Quieren hacer desaparecer la fórmula jubilatoria con una inflación creciente. Como eso, otras tantas cosas: las privatizaciones, no cuidar el patrimonio de los argentinos”. Pablo Moyano, otro de los jefes cegetistas, dijo que Milei “se caga en el Congreso” y prometió una marcha multitudinaria para el 24 de enero.
Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, en quienes recae la representación mayoritaria de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen los movimientos sociales que hasta hace unas semanas comulgaban con la gestión de Alberto Fernández. También se sumarán gremios identificados con la izquierda trotskista, como es el caso del Sindicato del Neumático o una rama de la Unión Ferroviaria.
“Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Daer. La enumeración no fue casual: los gremios ya presentaron un amparo contra el DNU y avanzaron en gestiones con legisladores y gobernadores peronistas y opositores para articular una oposición al libertario en el Congreso. El paro del 24 sería un día antes de cuando el oficialismo espera tratar en el Parlamento el mega proyecto de ley que envió ayer, con más de 1000 artículos a reformular.
“La idea es apoyar y reclamar a la política que es el Parlamento el que debe actuar en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el 100 por 100 del ajuste”, dijo a LA NACION Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, uno de los gremios más afectados por la decisión oficial de frenar los proyectos de obra pública.
Es todo un récord el de la CGT, que le activaría un paro a Milei con menos de dos meses en el poder. El antecedente de una medida de rechazo en tan poco tiempo lo tenía Fernando de la Rúa, que sufrió la primera huelga a los 77 días de haber llegado a la Casa Rosada.
De la prudencia a la confrontación
En los días que les siguieron a las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya dos semanas, la CGT había cerrado filas entre sus diferentes tribus para conservar un posicionamiento prudente y cauteloso. Darle tiempo y oxígeno al nuevo Gobierno a pesar de la amenaza de hiperinflación que se arrastra desde la gestión de Sergio Massa, el candidato presidencial que impulsaron los sindicatos.
Hubo dos argumentos consensuados entre los dirigentes para adoptar esta postura. Uno simbólico: tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. El otro motivo de la moderación fue más estratégico. Hasta antes del DNU, los dirigentes sindicales creían que la clase media iba a ser el fusible que encienda la protesta social, con marchas espontáneas y cacerolazos para expresar su descontento. Proyectaban ese primer estallido recién para marzo o abril, cuando la inflación haya devorado aún más los salarios, el ajuste ya haya dejado de su huella y el dinero de muchas familias no alcance para alimentos, pagar las tarifas, prepagas y ni hablar para gastos en educación privada. Esos tiempos se aceleraron dramáticamente ayer, con el tono de las medidas que incluyó el Presidente en la ley ómnibus y la falta de un interlocutor con el Gobierno. Desconcierta a la CGT no tener abierto un canal de diálogo y negociación en el cual apostar.
Como parte del plan de lucha que activó hoy la CGT, se trazó la siguiente hoja de ruta: presentación judicial contra el DNU, que ya fue realizada, aunque rechazada; pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura sindical frente al DNU y la ley ómnibus; reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto; llamado a plenario de delegaciones Regionales de CGT para el 10 de enero; paro nacional a partir de las 12 hs del 24 de enero y movilización al Congreso Nacional, y facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación. En la CGT sospechan del acompañamiento que algunos legisladores peronistas le puedan dar al proyecto oficial. También temen un giro de los gobernadores, quienes, urgidos de fondos, podrían avalar la reversión del impuesto a las ganancias.
“El Presidente dice que lo acompaña el poder de los cielos. A nosotros nos asiste el poder de Jesucristo, de la justicia y de los trabajadores”, desafió Daer a Milei durante su discurso de cierre en el Confederal. Daer integró la comitiva sindical que ensayó sin éxito un acercamiento con el Gobierno a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Hasta el momento, el único sindicalista de peso que mostró sintonía con los libertario fue el mercantil Armando Cavalieri, que manifestió su predisposición a adoptar para los empleados de comercio el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Se lo dijo ayer a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Casi con 90 años, Cavalieri fue menemista, duhaldista, kirchnerista, macrista, albertista y ahora rompió el molde al acercarse a Milei. Así y todo, Cavalieri estuvo en la CGT y avaló el paro. Los sindicalistas suelen ser de lealtades frágiles.
Fuente: La Nación