La Corte Suprema convocó para este viernes a las 9 a un acuerdo extraordinario para volver a analizar la controversia por la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. El tribunal podría dictar una nueva medida cautelar que restablezca las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La reunión se producirá pocos días después de que el máximo tribunal revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, mediante el cual se eliminó la ley 26.737. Aquella resolución estuvo basada en una cuestión procesal y generó críticas opositoras, además de una ofensiva en Diputados para intentar derogar el DNU.
El nuevo planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron que la Corte determine si su anterior pronunciamiento también alcanza al amparo colectivo promovido por ellos.
A diferencia de la causa impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, basada en la defensa de la soberanía nacional, esta presentación sostiene que existen “derechos colectivos vinculados con la protección ambiental y los territorios ancestrales de los pueblos originarios”.
Aunque la Cámara Federal de La Plata había considerado ambas acciones como conexas, los nuevos actores argumentan que poseen una “legitimación propia” y que el fallo anterior no debería impedir la continuidad de su reclamo.
La Corte podrá devolver el expediente a los tribunales federales de origen o, excepcionalmente, pronunciarse directamente sobre la cautelar solicitada. Participarán Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, sorteados como conjueces debido a diferencias internas.
El tribunal también aceleró los tiempos procesales, redujo de 72 a 24 horas el plazo para eventuales recusaciones y habilitó días y horas inhábiles.
La decisión tendrá impacto político mientras sectores opositores impulsan una sesión especial en Diputados para debatir la derogación integral del DNU 70/23. El alcance de una eventual medida dependerá de la resolución que adopte la Corte.
Fuente: La Nación