La resolución fue dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dispuso una medida cautelar interina dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El magistrado le ordenó adoptar medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar la continuidad operativa del organismo.
El fallo apunta a garantizar la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos y la realización de análisis necesarios en investigaciones judiciales por apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Según dicha resolución, el banco conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas.
La decisión judicial se produjo después de planteos realizados por fiscales especializados y organismos de derechos humanos, que alertaron sobre las dificultades del BNDG para continuar con sus tareas habituales. Entre los puntos señalados aparece la imposibilidad de avanzar con nuevas muestras y estudios por falta de recursos.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y cumple una función central en la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura. Su tarea permite comparar muestras de posibles nietos y nietas con los perfiles genéticos de familiares de desaparecidos.
En los últimos días, Abuelas había advertido que el organismo atravesaba una situación de riesgo y pidió la intervención del Poder Judicial y del Congreso para garantizar su normal funcionamiento. La organización sostuvo que cualquier interrupción en las tareas del banco podría afectar procesos de restitución de identidad y causas judiciales en trámite.
La medida de Ramos Padilla busca evitar que la falta de presupuesto o de condiciones operativas comprometa la conservación de muestras biológicas y la continuidad de estudios genéticos pendientes. Para el juez, se trata de material sensible y de valor probatorio en investigaciones vinculadas con crímenes de lesa humanidad.
Tal como señala Infobae, el Gobierno había dispuesto este año cambios en la estructura del BNDG mediante el decreto 351/2025, en el marco de una reorganización administrativa. Esa transformación generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y abrió un nuevo frente judicial y político en torno al futuro del organismo.
Con la cautelar, la Justicia ordenó asegurar la continuidad de una herramienta científica e institucional considerada clave en la política de memoria, verdad y justicia. El cumplimiento de la resolución quedará ahora bajo responsabilidad de la Jefatura de Gabinete.
Fuente: Infobae