La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la jueza Natalia Analía Martínez, y solicita que el ministerio de Capital Humano informe el marco legal de la iniciativa, qué tipo de datos serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan del desarrollo del sistema y cuáles son los mecanismos de control previstos.
Además, el planteo judicial reclama precisiones sobre eventuales transferencias o cesiones de datos vinculados a los 46 millones de argentinos y sobre la participación de compañías privadas o extranjeras en el procesamiento de la información.
Según la demanda, distintas expresiones utilizadas durante el anuncio oficial del proyecto encendieron señales de alerta respecto del alcance del sistema. Entre ellas, se mencionan frases como “integramos información de múltiples fuentes en una base unificada” y “convierte la experiencia social en inteligencia pública”, que para Rossi evidencian un posible esquema de procesamiento masivo de datos personales sin información pública suficiente sobre sus límites, objetivos y controles.
Rossi sostuvo que el tema representa “una enorme gravedad institucional” y advirtió que la innovación tecnológica no puede utilizarse para avanzar sobre derechos y libertades individuales ni para desarrollar mecanismos de control social.
La acción judicial también incorpora referencias a la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, centrada en los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Allí se advierte sobre los riesgos de delegar decisiones sensibles en algoritmos y se plantea la necesidad de garantizar supervisión humana efectiva y responsabilidades claramente definidas en el uso de estas tecnologías.
En la presentación, Rossi argumenta que el proyecto podría vulnerar derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional, en la Ley de Protección de Datos Personales y en distintos tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina
Fuente: Ámbito