“Es un juicio muy importante por el volumen y por una cuestión biológica. Podría ser el último juicio que se haga en Bahía Blanca”, manifestó el auxiliar fiscal Pablo Fermento sobre el juicio de la megacausa Zona 5 en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército.
El proceso en el que serán juzgados 40 imputados comenzará el 17 de febrero y contará con 300 testigos. Se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos contra 270 víctimas.
El tribunal está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, quienes aún no definieron si el juicio se desarrollará en instalaciones de la Universidad Nacional del Sur y si será transmitido a través de YouTube como ocurrió en los anteriores juicios.
“En lo que es la orgánica represiva, este juicio es una fotografía de toda la Patagonia argentina, desde Bahía Blanca y hasta Neuquén. Es un desafío muy grande y una preocupación muy grande que se pueda desarrollar de manera pronta”, manifestó Fermento.
En ese punto, hizo hincapié en la edad de los imputados: 5 tienen más de 90 años, 13 más de 80 años y el resto en promedio entre 70 y 80 años. “Están falleciendo los imputados, las víctimas y los testigos. La celebración del juicio se va haciendo cada vez más difícil”, advirtió.
Estimó que el juicio que comenzará en febrero y que de acuerdo a lo que se definió en audiencias preliminares, se realizará una audiencia semanal de doble jornada, “terminaría entre fines de 2023 y principios o mediados de 2024”.
Por primera vez dos profesionales de la salud serán juzgados, acusados de contribuir a mantener con vida a los secuestrados en el centro clandestino de detención «La Escuelita». Se trata del entonces capitán médico Humberto Luis Fortunato Adalberti y del enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, que era sargento primero en la División Sanidad.
“Es importantísimo que se los juzgue, los del personal de salud son roles que nunca se lograron visibilizar. La presencia de un médico en La Escuelita hacía de la sistematicidad de un plan, el no asesinar a la vicitma sino mantenerla viva bajo tortura. La muerte era una decisión que se tomaba desde “arriba”, no la tomaban los guardias o torturadores. En ese sentido era esencial que haya médicos para indicar hasta cuándo se podía torturar y también para la práctica de los nacimientos en cautiverio”, detalló.
Aclaró que en la investigación no se ha logrado recabar pruebas respecto a que Adalberti y Bonini hayan estado presentes durante las prácticas de tortura, aunque sí se determinó por declaraciones de miltares y conscriptos, que ambos eran personas que concurrían al centro clandestino con asiduidad.
También, Fermento se refirió a los abusos sexuales que se cometieron en los centros clandestinos de detención durante la dictadura. “Fue una de las situaciones que más resistencia encontró de todas las que formuló la fiscalía. Entendemos que el ejercicio de violencia sexual fue sistemático, sobretodo en La Escuelita, pero no pudimos traer un solo caso a juicio”, admitió.
Y explicó que cada vez que se indaga a un imputado por delitos de lesa humanidad lo que más les molesta es que se los acuse de delitos sexuales. “Hay una resistencia que tiene que ver con una falta de perspectiva de género y de una mirada deconstruida sobre esto. Va más allá de la posición paternalista, de ponerse en el lugar de las víctimas y de decir que no conviene para ellas que se investigue. Nadie quiere hablar de estos asuntos”, criticó.
Fuente: Frente a Cano