“El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate”, detallaron desde la Defensoría.
Debido a dicha presentación, desde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata ordenó un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.
Al respecto, Lorenzino consideró que no se puede permitir que la flexibilización o la falta de los controles “deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”. “Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”, sostuvo.
En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.
La medida se tomó en medio de la controversia desde que la Corte Suprema habilitó la extranjerización de territorio argentino y luego de emitir un comunicado para “despejar dudas” en relación a la sentencia que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras a partir de un planteo de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) platense, que promovió una acción de amparo contra el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
Fuente: C5N