La presentación se concretó después de que venciera el plazo de dos semanas que la administración de Javier Milei había otorgado al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el emprendimiento, situado en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Según informó Infobae, la Argentina solicitó medidas provisionales, similares a una cautelar judicial, con el objetivo de impedir nuevos avances mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia.
La Oficina del Presidente confirmó la presentación mediante un comunicado en el que explicó que el reclamo busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por Londres profundicen el conflicto territorial.
El planteo fue elevado al organismo internacional con sede en Hamburgo, Alemania, y se fundamenta en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Esa disposición permite solicitar medidas urgentes antes de que se conforme el tribunal encargado de resolver el conflicto de fondo, especialmente cuando existen riesgos para los derechos de las partes o posibles daños al ambiente marino.
La presentación no implica la suspensión automática del proyecto. Los jueces deberán evaluar si tienen competencia para intervenir y si existen razones suficientes para ordenar restricciones mientras continúa el procedimiento internacional.
Un proyecto petrolero que apunta a producir desde 2028
Sea Lion está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Navitas controla el 65% del emprendimiento, mientras que Rockhopper posee el 35% restante.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y, tras varios años de estudios y negociaciones, las empresas aprobaron a fines de 2025 la inversión necesaria para comenzar su desarrollo.
La primera etapa contempla la perforación de once pozos submarinos, que estarán conectados a una plataforma flotante destinada a producir, almacenar y descargar petróleo.
De acuerdo con la planificación empresarial, las perforaciones comenzarán en 2027 y la producción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028.
La continuidad de las inversiones constituye uno de los principales argumentos del Gobierno argentino para reclamar una intervención urgente.
En ese sentido, la semana pasada Rockhopper anunció un acuerdo de 44 millones de dólares para adquirir una participación en la sociedad propietaria de una embarcación destinada al proyecto.
El antecedente de la Fragata Libertad
La Argentina ya recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en 2012, cuando solicitó la liberación de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana por un reclamo de acreedores de la deuda soberana.
En aquella oportunidad, el organismo ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque, aproximadamente un mes después de la presentación argentina.
Otro antecedente se produjo en 2015, durante una controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil, cuando el tribunal dispuso restricciones para evitar nuevas perforaciones petroleras en un área en disputa.
Sin embargo, ambos casos presentan diferencias jurídicas respecto del conflicto por Malvinas, por lo que no garantizan un resultado similar.
La posición británica y los próximos pasos
El Reino Unido rechazó el planteo argentino y sostiene que las actividades autorizadas en las islas se ajustan al derecho internacional.
Por su parte, Buenos Aires considera que la explotación unilateral de recursos naturales en una zona cuya soberanía está en disputa vulnera los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
La posición argentina también se apoya en resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas la 2065, que reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países, y la 31/49, que instó a evitar modificaciones unilaterales mientras continúen las negociaciones.
La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, coordina la estrategia diplomática y jurídica junto con la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro.
El Tribunal del Mar deberá determinar ahora si corresponde adoptar medidas provisionales para frenar las actividades vinculadas con Sea Lion.
Por el momento no se anunciaron fechas para las audiencias ni para una eventual resolución. La decisión será clave para establecer si el proyecto podrá continuar avanzando mientras se desarrolla el arbitraje internacional.
Fuente: Infobae