Con esta eliminación, desaparece la garantía de financiamiento progresivo que le daba previsibilidad al instrumento y que buscaba asegurar un flujo constante de recursos para reequipamiento militar.
Esto se produce en medio de un profundo malestar de los militares por la grave crisis de funcionamiento de la obra social que ya no cubre tratamientos para enfermedades graves, la falta de cumplimiento de la política de equipación salarial que obligó a cerca de 20 mil uniformados a buscar otro trabajo y otros problemas como el de Coviara, el Dámaso Centeno o el Hospital Naval.
El docente de la UBA y especialista en Defensa, Sergio Eissa, dijo a LPO que «el proyecto de Ley de Presupuesto «propone derogar el proyecto de ley enviado por el Gobierno, el inciso 1 del artículo 4. Este inciso preveía que el Fondo Nacional de la Defensa iba a estar integrado por un porcentaje, que se incrementaría año a año, de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado».
Por ejemplo, continúa Eissa, «para el año 2020 se preveía un 0,35 por ciento y en 2023 un 0,8 por ciento debiendo mantenerse ese porcentaje el año pasado, este y el que viene».
Fuente: La Politica On Line