Estas disposiciones, plasmadas en la Comunicación A8162 del BCRA, buscan «modernizar y transparentar las transacciones», además de promover la inclusión financiera. Según las autoridades, las tarjetas prepagas, que funcionan como débito al requerir carga previa de dinero, generaban costos financieros elevados para los comercios debido a los largos plazos de acreditación, desincentivando su uso, especialmente entre pequeños negocios. Reducir estos tiempos se traducirá en una mayor competitividad y en una industria de pagos más eficiente.
El impacto de estas medidas será gradual. Para los pagos realizados a partir del 1° de agosto de 2025, los nuevos plazos de acreditación aplicarán a todos los comercios, mientras que las micro y pequeñas empresas podrán beneficiarse desde el 1° de marzo de 2025. Según un comunicado conjunto, esta normativa pretende equilibrar los tiempos de acreditación con otros instrumentos financieros y reducir los costos asociados a la burocracia que impactan en precios finales.
El uso de tarjetas prepagas ha crecido considerablemente en Argentina, impulsado por las billeteras virtuales que buscan incluir financieramente a personas no bancarizadas. Según datos del BCRA, en octubre de 2024 se realizaron 42,3 millones de pagos con estas tarjetas, representando un aumento del 97% en volumen interanual. A pesar de su incremento, su participación sigue siendo marginal en comparación con las tarjetas de crédito y débito.
Las nuevas regulaciones también apuntan a mejorar la transparencia en los resúmenes de cuenta, exigiendo que los emisores detallen claramente los comercios donde se efectuaron los pagos. Estas mejoras administrativas complementan los esfuerzos del Gobierno por normalizar la economía y fomentar un mercado de pagos más competitivo, según destacó la Secretaría de Industria y Comercio.
En conjunto, estas medidas marcan un paso importante hacia la modernización de los medios de pago en Argentina. Al agilizar los plazos de acreditación y mejorar la claridad en las transacciones, se espera potenciar la inclusión financiera y reducir los costos operativos para los comerciantes, lo que podría beneficiar tanto a consumidores como a pequeños negocios.
Fuente: Clarín