El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante el avance del Gobierno nacional sobre la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, particularmente por la intención de eliminar el esquema vigente de Etiquetado Frontal de Alimentos y flexibilizar las restricciones al marketing dirigido a niños, niñas y adolescentes.
Desde la entidad profesional advirtieron que el debate no se limita a la permanencia o eliminación de los octógonos negros en los envases, sino que involucra un conjunto más amplio de políticas públicas vinculadas a la información alimentaria, la publicidad de productos ultraprocesados y la construcción de entornos escolares más saludables.
“Lo que está en riesgo no es sólo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”, afirmó la presidenta del Colegio, Laura Salzman.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue sancionada en 2021 y estableció la obligación de incorporar advertencias visibles en los productos con exceso de azúcares, sodio, grasas, calorías u otros nutrientes críticos. Para el Colegio, esta herramienta permitió simplificar información nutricional compleja y hacerla accesible para la población al momento de elegir qué consumir.
“Los octógonos ‘traducen’ rápidamente la información nutricional, convirtiendo tablas complejas en advertencias visibles y simples que se comparan en segundos”, sostuvo Salzman.
Desde el organismo bonaerense remarcaron que la normativa vigente fue construida sobre evidencia científica y cuenta con respaldo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que promovió este tipo de políticas en distintos países de América Latina.
En ese sentido, la entidad planteó que un eventual retroceso sobre el etiquetado implicaría debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades, especialmente entre las infancias y adolescencias, sectores particularmente expuestos a las estrategias de marketing alimentario.
“Defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La información alimentaria clara y accesible no debe ser objeto de retrocesos: es una cuestión de salud pública, de derechos y de acceso equitativo a información que permita decidir”, concluyó Salzman.
El debate se reactivó luego de que el Gobierno de Javier Milei impulsara la derogación de la regulación que obligó a la industria alimenticia a incorporar octógonos negros en los envases. La iniciativa ingresó formalmente al Senado de la Nación en los últimos días, aunque todavía no comenzó su tratamiento en comisiones.
Mientras tanto, distintos sectores de la oposición cuestionaron los fundamentos técnicos del proyecto y advirtieron que la eliminación del etiquetado podría responder más a una estrategia comercial que a una discusión sanitaria. Según plantearon legisladores opositores, el oficialismo no habría presentado estudios concluyentes que respalden la eliminación del sistema vigente.
Algunos referentes parlamentarios también pusieron reparos sobre el momento elegido por la Casa Rosada para abrir este debate, en paralelo a otras discusiones sensibles como la modificación del Régimen de Zona Fría. En ese marco, la controversia por el Etiquetado Frontal suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el rol del Estado en la protección de derechos básicos, el acceso a la información y la salud pública.
Fuente: El Teclado