El director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, evitó referirse al tema de manera directa, pero defendió la autonomía de la institución al afirmar que “el uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado de nuestro idioma”.
Durante la apertura del curso académico 2025-2026, Muñoz Machado también sostuvo que “a nadie se le ha ocurrido hasta hoy fijar la gramática por decreto o someter el diccionario al capricho gubernamental”. Con esa frase, justificó la decisión de no modificar el texto pese a la orden judicial de septiembre de 2024, que hasta el momento no ha tenido efecto alguno en la versión digital del diccionario.
Además, en la misma línea de debate, el término “judiada” sigue figurando como “mala pasada o acción que perjudica”, con la aclaración de su origen antisemita. Lo mismo ocurre con otras palabras polémicas, como “gitano”, cuya quinta acepción es “trapacero”, definida como “estafador o timador”, aunque también marcada como de uso ofensivo.
El fallo de Lijo había sido impulsado por entidades de la colectividad judía argentina, que hoy afirman que “todo sigue, de alguna manera, como cuando llegaron de España”, al no haberse modificado la entrada en el diccionario. Consultada por Clarín, la RAE no respondió sobre los motivos de su incumplimiento.
Muñoz Machado, quien presidirá la institución hasta 2026, defendió la independencia de la RAE en medio de un contexto de controversias públicas. La próxima edición del diccionario, prevista para 2026, podría ser la oportunidad para comprobar si finalmente se introduce algún cambio en la definición que generó el conflicto.
Fuente: Clarín