La solicitud gubernamental buscaba detener los incrementos desproporcionados en las cuotas de 16 empresas líderes del mercado de prepagas, como OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus y Sancor, y establecer un mecanismo de control sobre futuros aumentos. Sin embargo, las empresas argumentaron que el Gobierno intentaba derogar judicialmente su libertad de fijar precios, otorgada por el DNU.
La jueza Maquieira, al analizar el caso, consideró que la demanda del Gobierno podía ser tratada como un proceso colectivo, ya que la Superintendencia de Servicios de Salud actuaba en defensa de los derechos de los afiliados. Además, destacó la similitud entre este caso y otro proceso colectivo impulsado por ciudadanos contra el mismo DNU, indicando que ambos deberían ser tratados por el mismo juez para evitar decisiones contradictorias.
Fuente: Infobae