Según publicó Infobae, la nueva resolución apunta a recuperar capacidades que, de acuerdo con la mirada oficial, habían quedado limitadas por la normativa anterior. Desde el Ministerio de Defensa sostienen que esas restricciones afectaban la posibilidad de actuar frente a escenarios vinculados con terrorismo internacional, injerencias externas y amenazas militares provenientes de otros Estados o actores vinculados a ellos.
La medida deroga una resolución de 2006, impulsada durante la gestión de Garré, que había establecido límites estrictos para la actividad de inteligencia militar. Aquella regulación se enmarcaba en una interpretación restrictiva sobre el rol de las Fuerzas Armadas, centrada en evitar que organismos castrenses intervinieran en tareas de inteligencia interior.
Con el nuevo esquema, Defensa busca que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar acciones de contrainteligencia dentro de su ámbito específico, orientadas a proteger información, instalaciones, operaciones y capacidades militares. El Gobierno remarca que la actividad deberá ajustarse al marco legal vigente y no implicará habilitar tareas de inteligencia interna sobre asuntos políticos, sociales o partidarios.
La contrainteligencia militar comprende medidas destinadas a detectar, prevenir o neutralizar actividades de espionaje, infiltración, sabotaje o interferencia contra objetivos de defensa. En la práctica, puede incluir la protección de bases, sistemas de comunicaciones, documentación sensible, despliegues operativos y personal militar.
La resolución se inscribe en una serie de cambios que el Gobierno viene impulsando en el área de Defensa, con el argumento de actualizar la estructura militar frente a nuevas amenazas. En los últimos meses, la administración nacional también avanzó con modificaciones en organismos del sector y con anuncios vinculados a reequipamiento, aunque en paralelo se conocieron recortes presupuestarios en distintas partidas del área.
El cambio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el alcance de la inteligencia militar en la Argentina. Para el oficialismo, la normativa anterior había quedado desactualizada frente al escenario internacional. Para sectores críticos, cualquier ampliación de funciones en materia de inteligencia debe ser observada con especial atención para garantizar controles institucionales y evitar desbordes sobre actividades internas.
Fuente: Infobae