En la CGT leyeron como una victoria la resolución del juez laboral Herman Mendel, quien ordenó suspender de manera inmediata los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, además de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407. La medida alcanzó al convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, y puso otra vez en el centro de la escena una discusión sensible: el financiamiento sindical.
Los puntos frenados por el magistrado apuntaban directamente a aportes y beneficios incluidos en el convenio camionero. Allí aparecen el seguro de sepelio, el subsidio mensual para viudas, la extensión de cobertura de obra social, los programas de capacitación, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en paritarias.
El fallo, además, llegó con un dato que no pasó inadvertido. Mendel firmó la resolución el martes pasado, cuando todavía era titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, y al día siguiente hizo efectiva su renuncia, ya aceptada por el Poder Ejecutivo. En Balcarce 50 la reacción fue de fuerte malestar, más aún porque el mismo juez ya había frenado en marzo el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña, otro punto sensible dentro de la Ley de Modernización Laboral.
La discusión por la caja sindical había sido uno de los nudos más duros durante el tratamiento de la reforma. Por presión de los gremios, el ala política del oficialismo aceptó quitar la obligación del “consentimiento explícito” para determinados aportes y dejó en pie las cuotas solidarias, aunque con límites: una vigencia de dos años y un tope del 2% de los salarios. Aun así, la judicialización abrió un nuevo frente y promete más capítulos.
Mientras tanto, la CGT no se queda quieta. Este martes, en la sede de Azopardo 802, la central obrera comenzará a definir el esquema de medidas de fuerza sectoriales y rotativas. La idea es sostener un plan de lucha extendido durante varias semanas, con paros por actividad y movilizaciones, hasta desembocar en un nuevo paro general contra el Gobierno, que sería el quinto desde el 10 de diciembre de 2023.
El modelo elegido toma como referencia las protestas francesas de 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron. La lógica no es frenar todo el país de una sola vez, sino alternar sectores: una semana transporte, energía o refinerías; otra, recolección de residuos, educación o servicios urbanos. Así, con presión dosificada pero constante, la CGT buscará desgastar al Gobierno en la calle mientras la Casa Rosada intenta defender la reforma laboral en los tribunales.
Fuente: Infobae