Cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal fueron suficientes para que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los estatales bonaerenses, se convirtiera en el emblema de la “tierra arrasada” que diagnosticó a su llegada el gobernador electo Axel Kicillof.
Según datos oficiales, tiene más de 2.6 millones de afiliados, incluyendo a trabajadores de la administración pública provincial, municipios, jubilados y pensionados de la Provincia, además de afiliados “voluntarios”, que abonan una cuota a partir de los 2.982 pesos de manera individual. El presupuesto para todo 2019 superó los 53 mil millones y es equivalente al de todo el Ministerio de Salud, que sostiene el funcionamiento de toda la red de hospitales provinciales.
La conducción de Vidal en el IOMA se hizo esperar. A pesar de haber tenido dos meses para organizar la transición, no nombró a un presidente hasta bien avanzado el mes de diciembre de 2015. El elegido fue Sergio Casinotti, que venía de presidir la obra social de UPCN y su plan privado.
En marzo de 2017, Casinotti fue convocado para dirigir el PAMI y lo reemplazó Marcelo D’Abate, pero no duró mucho: en diciembre fue despedido y le dejó lugar a Pablo Di Liscia, su actual titular. Todos dejaron a su paso un tendal de denuncias con un denominador común: el ajuste.
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria fechado en julio de este año revela que desde 2014, el presupuesto de IOMA se subejecuta, es decir que “ahorra” a costa de la salud de los bonaerenses. También consigna que la cuota se incrementó 320 por ciento en el lapso de cuatro años, incluso por encima del alza general de precios, que acumuló 260 por ciento en el mismo período.
También se dispararon los copagos. Siempre según Soberanía Sanitaria, en Mar del Plata, por ejemplo, se registraron aumentos de entre 15% y el 21% de un año a otro. En La Plata fue peor: aumentaron un 90% para la categoría intermedia (pasaron de $73 en 2017 a $140 en 2018) y más de un 50% para la categoría superior (pasaron de $145 en 2017 a $220 en 2018).
En cuatro años, IOMA abandonó a su suerte a cientos de pacientes oncológicos, a los que negó los medicamentos recetados, ofreciendo a cambio segundas y terceras opciones, demorando la entrega o recortando las dosis. Incluso a pesar de que promociona una supuesta “cobertura del 100% en medicamentos para tratamientos de elevado costo, para patologías especiales o de alto impacto sobre la salud (oncológicos, HIV, esclerosis múltiple, osteoporosis, afecciones psiquiátricas, etc)” y “cobertura del 100% en toda la medicación incluida en el protocolo oncológico”.
La mayor parte de los problemas surgieron en torno a la droga Pembrolizumab, un tratamiento inmunoterápico que se prescribe para distintos tipos de cáncer, cuyo uso se autorizó en el país en octubre de 2016, y es considerado superior a la quimioterapia, ya que aumenta la sobrevida y reduce los efectos secundarios.
Para IOMA, sin embargo, es demasiado caro. Por eso rechazó sistemáticamente las recetas médicas y ofreció en su lugar una variedad de drogas que no tienen los beneficios de ésta, con lo cual al afiliado le quedaron dos opciones: o se resigna a padecer efectos secundarios y a perder expectativa de vida, o recurre a la vía judicial para obtener respuestas.
Ese es, en el fondo, el “negocio” de IOMA. Fuentes judiciales consultadas por INFOCIELO calcularon que sólo dos de cada diez afiliados recurren a la Justicia en busca de amparos. Y no hay terceras opciones: las drogas como el Pembrolizumab, además de ser sumamente onerosas, no se compran en una farmacia, sino que se gestionan ante laboratorios mediante las obras sociales o seguros médicos.
Hubo casos resonantes, como el de la docente Gabriela Ciuffarella, que batallaba contra un cáncer en la médula ósea denominado “mieloma múltiple” y falleció sin que la obra social bonaerense le facilitara el acceso a una droga que necesitaba para dar pelea contra la enfermedad.
También el de Thiago, un niño de 12 años, oriundo de Punta Alta, aquejado por una fibrosis quística, electrodependiente, y en emergencia nacional a la espera de un transplante, a quien IOMA no autorizaba una droga denominada Lucanfort. O el del comisario Claudio Aristegui, chascomunense, de 44 años, quien fue operado tres veces y peleó por su vida hasta el final, pero no logró que se le suministrara la droga que necesitaba.
Hubo acampes, amparos colectivos, protestas y recolección de firmas en plataformas virtuales. Incluso el caso de un hombre de 54 años se esposó a la baranda de una escalera de la sede de 46, se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego, ante las dilaciones en las que incurría IOMA para autorizar para su esposa, Sandra, la aplicación de un medicamento vital. Nada conmovió a IOMA, que sigue dejando morir.
Por fuera de los medicamentos oncológicos, un estudio publicado por el Grupo Argentino para el Uso Racional de los Medicamentos (GAPURMED) a fines de 2018 realizó un análisis a partir de diez medicamentos cuyos precios de venta al público aumentaron siete veces mientras que la cobertura de IOMA bajó del 63% al 47% . Con un agravante: el gasto en medicamentos creció un 33% más que el salario para beneficiarios de IOMA.
EMPLEADOS DE CAJA
Sobre el final del ciclo de Cambiemos en la Provincia, comenzaron a detectarse manejos irregulares del recurso humano. Este portal dio cuenta de la insistencia del oficialismo para habilitar una “avalancha de nombramientos” en lugares estratégicos. En concreto, reemplazar a los directores generales (departamentales) y regionales (a cargo de las delegaciones del interior), muchos de ellos ingresados por concurso, por funcionarios macristas.
El gobierno promovió para ello un expediente que fue rechazado una y otra vez. En la carpeta que figuran, por lo menos, cinco remociones de directores concursados por nombres del vidalismo. Es más, un asesor que pudo leer el documento aseguró que estaba redactado de una manera engañosa, para disimular los retoques.
El tema de los recursos humanos del IOMA tiene capítulos escabrosos. Hay sospechas de que Vidal y Di Liscia multiplicaron por 8 la cantidad de contratados del Instituto, llevándola a unos 900 en la actualidad. Un informe de ATE constató la existencia de unos 380 bajo la modalidad “contrato autónomo”; el resto serían monotributistas.
Para poder llevar a cabo discretamente las contrataciones, IOMA haría uso y abuso de la partida 3.4.9 del Presupuesto, donde se consignan “gastos no especificados”. Se trata, literalmente, de una caja sin control. La Ley de Presupuesto le asignó 2 millones de pesos, que fueron ampliados a 130 millones con el correr del año, pero que en los hechos lleva comprometidos gastos por 170 millones.
SE PUEDE CAER
La sede del edificio de calle 46, en La Plata, muestra rasgos de deterioro serios. En julio de 2018 se desprendió una placa de mármol que estaba situada sobre un elevador, y no mató a nadie de milagro. Pero los problemas son más serios y estructurales, aunque por ahora no hay amenaza de derrumbe.
Desde la inundación de 2013, en el tercer subsuelo, el agua de las napas brota por las paredes, erosionando sedimentos de la base del edificio, lo cual a la vez genera grietas. Pero también deteriora las estructuras que sostienen la construcción.
En el tercer subsuelo se encuentran, además, las calderas, que no funcionan desde la jornada trágica del 2 de abril de 2013. Como ocurrió en varios puntos de la ciudad, las marcas del agua en las paredes dan nota de la permanencia de líquido en esos sectores.
Un relevamiento de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil, de la facultad de Ingeniería de la UNLP, al que accedió INFOCIELO, da cuenta del deterioro del edificio, que es manifiesta en “corrosión de armaduras con función estructural”, “filtración de agua a través de los muros del subsuelo”, “deformación por flexión del muro de contención de suelo del sector del patio inglés”, para lo cual propone una serie de medidas, cuyo costo superaría los 5 millones de pesos.
El diagnóstico de la Facultad de Ingeniería data de 2017, al igual que el presupuesto para afrontar las reparaciones. Pero no se llevó a cabo ningún tipo de tareas y el tercer subsuelo luce exactamente igual que entonces, tal como atestigua el video que acompaña esta nota y que data de mediados de 2019.
UN TRIÁNGULO SOSPECHOSO
A comienzos de septiembre de este año salió a la luz la noticia de que IOMA había suscripto un convenio con una empresa privada para la “tercerización” de un trabajo, para el que la obra social tiene sobrados recursos humanos, por una cifra millonaria que se calcula por encima de los $16.500 millones.
Se trata de una trama compleja que la senadora peronista Teresa García sintetizó en dos ejes polémicos: el primero señala que el convenio se suscribió pese a que sobre el mismo existía una explícita recomendación por parte de Fiscalía de Estado para que previo a la firma se salven objeciones razonables sobre la necesidad de avanzar en su puesta en marcha.
El segundo tiene que ver con los resultados de la votación: uno de los representantes del Ejecutivo en el Directorio de la entidad se abstuvo de aprobarlo. De seis integrantes, el convenio objetado obtuvo dos votos en contra y tuvo dos abstenciones, y cosechó dos votos afirmativos. La definición del pleito administrativo se saldó con una maniobra que alimenta las sospechas: para concretarlo, se recurrió al “voto doble” del Presidente de la Entidad.
Esto despertó sospechas: ¿Por qué, si era tan necesario y acorde a derecho, 4 de los 6 integrantes del Directorio habrían de rechazar –en forma explícita o con su abstención- la ejecución del acuerdo?
En el medio, Tesorería y Contaduría de la Provincia habían informado que la suscripción de los convenios de este tipo “eran facultad” del Presidente de la entidad, con una aclaración que no parece marginal: siempre que se cumpliera con los requerimientos en forma de objeciones que había elevado la Fiscalía de Estado, cuestión que nunca se saldó.
La oposición –que será oficialismo desde el 10 de diciembre próximo- quiere saber quién está detrás de Conexia S.A. la empresa que ganó en trámite no exento de sospechas y con todas esas irregularidades administrativas, la prestación de un servicio que podrían haber ejecutado el personal de planta de la obra social. Por ahora, la mayoría de Cambiemos en la cámara alta bloquea las explicaciones.
SE LA COMEN LOS DE AFUERA
La última polémica en torno a IOMA tiene que ver con el desembolso de 300 millones para solventar la atención de afiliados que llegaron a hospitales públicos de la Capital Federal. De ese desembolso trascendió que la obra social bonaerense paga “al día” a la Ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene el más alto índice de desarrollo humano del país.
En contraste, IOMA acumula deudas con los hospitales municipales. A fines de 2019, los atrasos son de hasta 5 meses, un lapso de tiempo demasiado prolongado en un contexto hiperinflacionario. “Es una verguenza”, sostienen los intendentes de la oposición, preocupados por los problemas que deben afrontar para mantener abiertas las puertas de sus centros de salud.
Pero además, los valores de las prestaciones que IOMA reconoce a los municipios no se actualizan desde 2016. “La demora en el cobro de las prestaciones brindadas redunda en un subsidio encubierto de los municipios al Instituto”, sostienen desde Soberanía Sanitaria.
Fuente: Infocielo