La iniciativa, impulsada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (Provincias Unidas), busca unificar los seis proyectos sobre la materia que ya tenían estado parlamentario. «Los DNU son instrumentos de excepción que muchas veces chocan con la división de poderes. Es hora de ordenar el manejo de este trámite», sostuvo la senadora al abrir el debate.
El dictamen plantea varias modificaciones de peso. La más significativa: los decretos deberán ser tratados en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Solo quedarán aprobados si ambas Cámaras los ratifican expresamente por mayoría absoluta. En caso de rechazo en una sola de ellas, o si el plazo vence sin tratamiento, el decreto perderá validez automáticamente.
Otra novedad es que el Poder Ejecutivo no podrá dictar un nuevo decreto sobre el mismo tema durante ese año parlamentario si uno anterior fue rechazado. Además, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo —hoy presidida por el oficialista Oscar Zago— pasaría a quedar bajo control opositor, con una presidencia rotativa anual entre Senado y Diputados, y sin posibilidad de reelección tras dos años en funciones.
El proyecto recibió el aval de referentes de distintos bloques: Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco (UCR), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y varios integrantes de Unión por la Patria, entre ellos Mariano Recalde y Daniel Bensusán.
Los senadores sostienen que la actual Ley 26.122, sancionada en 2006 a instancias de Cristina Kirchner, «terminó debilitando el control que la Constitución otorga al Congreso», ya que la aprobación tácita por inacción le da al Ejecutivo un poder casi ilimitado.
El debate cobró fuerza tras el DNU 70/2023, bautizado como «Bases para la reconstrucción de la economía argentina», que planteó una reforma legislativa de gran magnitud. Aunque el Senado lo rechazó, Diputados nunca lo trató, lo que permitió que buena parte del decreto siga vigente.
De prosperar este nuevo esquema, el Ejecutivo quedaría mucho más limitado en el uso de los DNU, y el Congreso recuperaría un rol central en la definición política. Para Milei, sería un revés estratégico en medio de su plan de reformas.
Fuente: TN