“La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un análisis comparativo entre las personas con discapacidad y el total de la población contagiada con coronavirus. Allí se detectó que el porcentaje de letalidad de quienes padecen alguna discapacidad es mayor que el resto de las personas. Ante esta situación, se debe reafirmar la necesidad de considerar a dicha población como de mayor riesgo y, por lo tanto, darles prioridad a ellos y a quienes los asisten a acceder a las vacunas”, expresó al respecto la concejal, Diana Durán.
Cabe aclarar que, en la información pública de la página web institucional del gobierno provincial, se afirma que se vacunará “a pacientes internados en clínicas de salud mental y en hogares para personas que sufran alguna discapacidad”. Esto es muy importante porque las instituciones son entornos colectivos donde las tasas de infección son muy altas pero no abarca a la totalidad de personas con discapacidad que viven con sus familias o en otras formas de viviendas que no sean las instituciones.
“Las medidas de acción positiva y otras estrategias específicas se deben poner en marcha para las personas con discapacidad debido a su mayor riesgo de exposición al COVID-19 y a todas sus consecuencias”, finalizó Durán.