La propuesta se conoce pocos días después de que la Legislatura sancionara definitivamente la denominada Ley Ema, impulsada por la propia Mendoza y trabajada junto a la senadora Laura Clark, que establece herramientas para prevenir y abordar la violencia digital en los ámbitos educativos. Con ese antecedente, la nueva iniciativa busca avanzar sobre otra dimensión del problema: la formación crítica de estudiantes y docentes frente a un entorno digital que atraviesa cada vez más aspectos de la vida cotidiana.
El proyecto plantea incorporar saberes pedagógicos de manera sistemática, progresiva y transversal en todos los niveles obligatorios y modalidades del sistema educativo. Entre sus objetivos figuran la protección de los derechos de las infancias y adolescencias, la prevención de la violencia digital, la desinformación y los discursos de odio, y el desarrollo de una ciudadanía digital responsable.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS Y PRIVACIDAD EN LAS AULAS
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la educación digital no quede reducida al manejo de dispositivos. El texto propone enseñar cómo funcionan los algoritmos, el perfilado de usuarios, la personalización de contenidos y los modelos de negocio basados en el tratamiento masivo de datos.
También incorpora contenidos sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de identidades, los vínculos interpersonales, el acceso a la información y la formación de la opinión pública. En materia de inteligencia artificial, establece como principios la transparencia, la supervisión humana, la privacidad y la no discriminación.
La iniciativa contempla, además, herramientas para proteger los datos personales y la identidad digital de los estudiantes, así como para identificar y abordar distintas formas de violencia en entornos virtuales.
FORMACIÓN DOCENTE Y UN ROL ACTIVO DEL ESTADO
El proyecto establece la incorporación obligatoria de la Educación Digital Integral en la formación inicial y continua de los docentes. La autoridad de aplicación deberá desarrollar materiales pedagógicos actualizados para estudiantes, educadores y familias, además de impulsar campañas de concientización sobre el uso responsable de las tecnologías.
Otro de los ejes es la denominada soberanía pedagógica y tecnológica. El texto otorga al Estado provincial la responsabilidad de establecer protocolos y criterios para orientar el uso de plataformas, aplicaciones y dispositivos en las instituciones educativas, con prioridad para el software libre y los desarrollos tecnológicos locales, provinciales y nacionales.
A diferencia de la Ley Ema, centrada en la prevención y el abordaje de la violencia digital en las escuelas, la nueva propuesta apunta a incorporar una formación más amplia sobre el funcionamiento de las tecnologías y sus consecuencias sociales.
Fuente: Infocielo