El fiscal Franco Pilnik, especializado en Cibercrimen, justificó la revocación del beneficio domiciliario debido a la evidencia digital y al contacto con las víctimas, que hacían inviable que Maidana continuara en su hogar. Mientras tanto, organizaciones como H.I.J.O.S. Bahía Blanca repudiaron los laxos controles sobre los represores beneficiados con arrestos domiciliarios, exigiendo medidas más estrictas para evitar nuevos abusos. Su referente, Alejandra Santucho, subrayó la necesidad de que estos acusados permanezcan en prisión.
Maidana, detenido inicialmente en 2016 en Córdoba, había estado señalado como responsable de secuestros y torturas a más de 60 personas en el sur del país durante la dictadura. Previo al golpe de 1976, participó en el Operativo Independencia. Aunque permaneció en prisión hasta 2020, consiguió la domiciliaria bajo el pretexto de la pandemia, sumándose a una oleada de represores que buscaban este beneficio. Desde entonces, continuó siendo juzgado junto a otros acusados por crímenes cometidos en la Zona de Defensa V del Ejército.
En febrero de 2022, Maidana amplió su declaración indagatoria en el juicio oral y público. Durante dos audiencias, se presentó en buen estado de salud, pero usó su exposición para lanzar discursos negacionistas, descalificaciones y amenazas. En sus intervenciones, atacó las iniciativas de memoria, verdad y justicia, incluso cuestionando el centro clandestino conocido como «La Escuelita», donde operó un sitio de detención. Estas expresiones fueron calificadas por la Fiscalía como «ultrajantes y agraviantes».
Finalmente, el Ministerio Público solicitó que se eliminen las declaraciones excesivas de Maidana que no aportan al juicio ni tienen relación con su derecho a la defensa. Este caso reaviva el debate sobre los beneficios domiciliarios otorgados a represores y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de la dictadura, así como prevenir nuevos delitos cometidos por quienes gozan de medidas de detención menos restrictivas.
Fuente: Página 12