Así lo indicó en un informe dado a conocer este miércoles, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que cada 28 de septiembre exige a los gobiernos el acceso efectivo a ese derecho.
Desde la sanción en la Argentina de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Legal (ILE) y Voluntaria (IVE) del Embarazo -aprobada en el Congreso en diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021- la organización identificó “cientos de usuarias que se enfrentaron con graves obstáculos de acceso a la práctica”.
De acuerdo con el relevamiento de Amnistía, fue en el sistema privado de salud el ámbito en el que se registraron más barreras.
En este sentido, el trabajo detalla que un 35% de las reclamantes ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN) y un 54% de los reclamos ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores denunciaron que se le negó el acceso a la ILE/IVE.
AI añadió que desde la puesta en vigencia de la ley, acompañó más de 50 casos de personas con obstáculos en el acceso al aborto, de los cuales más del 35% corresponden a usuarias con cobertura del sector privado, en un contexto donde se estima que más del 60% de la población que reside en el país cuenta con cobertura de salud a través de obras sociales (OS) y de entidades de medicina prepaga (EMP).
“Persisten obstáculos para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad en dicho sector”, señala el relevamiento difundido por Amnistía Internacional Argentina.
Cuando las personas afiliadas a una OS o EMP encuentra barreras o impedimentos para acceder a algunas de las prestaciones de salud tendientes a la interrupción del embarazo, tienen principalmente dos vías de reclamo provistas por el Estado: la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación o la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores.
Fuente: Télam