En el escrito judicial, se solicita que se declare la ilegalidad de la conducta del IOSFA y del Ministerio de Defensa, al incumplir con su deber de garantizar la cobertura médico–asistencial y farmacéutica a las y los trabajadores estatales.
Asimismo, se solicita como medida cautelar urgente que se arbitren de manera inmediata los medios necesarios para restablecer la cobertura integral en toda la Provincia de Buenos Aires, asegurando la continuidad de prestaciones esenciales como medicamentos oncológicos, insulina, tratamientos para VIH, atención hospitalaria y cuidados específicos para personas con discapacidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa.
ATE denuncia con firmeza que la crisis sanitaria actual es consecuencia directa de la irresponsabilidad del Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona el IOSFA, al permitir la parálisis de un sistema de salud que debía proteger a miles de familias trabajadoras. Este abandono constituye un incumplimiento inadmisible de las obligaciones constitucionales y legales en materia de derecho a la salud y seguridad social.
El conflicto no se limita a Punta Alta y Bahía Blanca: la falta de cobertura impacta también en numerosas localidades donde el IOSFA tiene presencia, tales como Mar del Plata, Tandil, Zárate, Azul, entre muchas otras, lo que profundiza el alcance y la gravedad del problema.
En tanto manifestaron «desde nuestras seccionales y el CDP dejamos en claro que no vamos a aceptar más dilaciones, promesas vacías ni excusas burocráticas: la salud no se negocia. Este amparo colectivo no es solamente una respuesta a una emergencia local, sino un freno político y gremial frente a un abandono sistemático de toda la red del IOSFA en la Provincia de Buenos Aires, que pone en riesgo la vida y la dignidad de las y los trabajadores estatales. Lo sostendremos con toda la fuerza gremial y legal que sea necesaria».