“Lo que hicimos en los últimos tres años fue actualizar muy fuerte el monto de facturación que obliga a las empresas a funcionar como agentes de recaudación. Llevamos ese piso a un nivel que es prácticamente el doble, en términos reales, de lo que era en 2019”, puntualizó Girard.
“Si no hubiésemos realizado esos cambios, hoy habría más de 30.000 empresas que tendrían la obligación de actuar como agentes. Hemos logrado que en la actualidad sean sólo 19.936 las que cumplen esa función. Y nuestra meta, para fines de este año, es profundizar esa reducción hasta llegar a 11.000, a través de nuevas subas en los montos de facturación”, resaltó el titular de ARBA.
Quienes actúan como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos tienen la obligación de retener o percibir dinero de los contribuyentes, cuanto les compran o venden, en concepto de pago a cuenta de ese tributo, para luego depositarlo a la orden del fisco. Se trata de una función que exige una carga administrativa que afecta, en especial, a las pequeñas y medianas empresas.
“Actualizar los montos de facturación para evitar que las pymes deban cumplir el rol de agentes de recaudación constituye un beneficio concreto para el sector, ya que libera a las empresas de esa tarea administrativa y les permite destinar esos recursos a proyectos productivos”, explicó Girard.
Asimismo, agregó que “además de haber reducido la cantidad de agentes de recaudación, la agencia se enfocó en reducir las alícuotas de retenciones a partir de un análisis del nivel de cumplimiento y de la existencia o no de indicios de evasión, lo cual como resultado arroja una menor cantidad de operaciones comerciales alcanzadas por retenciones y, por lo tanto, una menor carga fiscal para los contribuyentes”.
Desde la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, a fines de 2019, la Agencia de Recaudación impulsó una reforma integral en Ingresos Brutos que, además de reducir la cantidad de pymes que actúan como agentes, disminuyó retenciones, aceleró la devolución de saldos a favor acumulados, brindó facilidades para regularizar deudas y promovió un régimen simplificado que favoreció en forma directa a monotributistas.
Girard sostuvo que “las medidas de ARBA que nos permitieron reformar la manera de recaudar Ingresos Brutos muestran hoy un balance muy positivo, no sólo para nosotros, desde el Estado, sino fundamentalmente para el sector privado. En especial para PyMES, microempresas, monotributistas, comercios y profesionales, que en estos años tuvieron una menor presión fiscal que revirtió la asfixia que sufrieron durante los gobiernos de Macri y Vidal”.
En ese sentido, detalló que “desde fines de 2019 hasta acá, hemos logrado devolver o compensar, a través de mecanismos ágiles, transparentes y sin burocracia, más de $20.500 millones correspondientes a saldos a favor, beneficiando a 870.000 pymes y monotributistas. ARBA no sólo dejó de acumular saldos a favor, sino que llevó adelante una reforma estructural de los padrones, posibilitando que un número importante de contribuyentes, que no registran indicios de evasión, quedasen fuera de los esquemas de retenciones”.
Además, “con la creación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, a partir de un acuerdo con AFIP, logramos un cambio fundamental, al que ya adhirieron más de 800.000 monotributistas bonaerenses. El sistema permite el pago unificado de Monotributo e Ingresos Brutos, elimina la obligación de presentar declaraciones juradas todos los meses y excluye directamente de los regímenes de retenciones y percepciones a este grupo de contribuyentes”, subrayó Girard.
El director de ARBA consideró que “las modificaciones implementadas en los últimos años en los regímenes de Ingresos Brutos lograron devolverle capital de trabajo, recursos e inversión al sector privado. En comparación con 2019, hoy existen menos agentes de recaudación, menos transacciones alcanzadas por los sistemas de retenciones y percepciones, y el fisco dejó de acumular saldos a favor. En definitiva, logramos avanzar en una acción coordinada entre el Estado y el sector privado, lo que es fundamental para el desarrollo económico de la Provincia”.