La chispa que encendió el conflicto fue el Decreto PEN 103/26, firmado el 13 de febrero, mediante el cual el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero e incorporó al temario el tratamiento de un proyecto que modifica la LFU.
La norma en cuestión fue aprobada el 2 de octubre de 2025. Según ADUNS, el Gobierno no la aplica pese a existir un fallo judicial favorable a su implementación, actualmente apelado por el Ejecutivo.
En términos salariales, el eje de la disputa es contundente: de acuerdo con el gremio, la aplicación estricta de la ley vigente y los índices oficiales de inflación publicados por el Indec determinan que al 31 de enero de 2026 el Estado adeuda un 51,6% de incremento salarial acumulado.
“La ley es clara. Los porcentajes no son opinables. 51,6% no es igual, ni se parece, a 12,3%”, sintetiza el comunicado. «Lo inaudito es que con su reforma pretende conformarnos, a docentes y no docentes, con un aumento salarial sin respetar mínimamente la inflación del período analizado», agregam.
Según Aduns, el proyecto elimina dos pilares centrales de la norma vigente: el reconocimiento de la pérdida salarial acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2025, que implica un 44,18% de recomposición desde octubre de 2025; y la obligación de paritarias trimestrales a partir del 1 de noviembre de 2025, con aumentos no inferiores a la inflación acumulada del período analizado.
En su lugar, la propuesta del Ejecutivo plantea aumentos no acumulativos del 4,1% en marzo, julio y septiembre, y negociaciones trimestrales sin garantía de actualización automática por inflación.
«Es innegable que debemos apelar a todas las instancias – institucionales, judiciales y legislativas – pero sin ninguna duda lo que nos hará más fuertes para poder conquistar la aplicación plena de la LFU y derrotar toda esta estrategia perversa y de último momento implementada por el Gobierno Nacional – es construir y convocar de inmediato a un gran plan de lucha nacional», afirma el gremio.
El pliego de exigencias es concreto:
Aplicación plena e inmediata de la Ley 27.795.
Liquidación urgente del 51,6% de incremento salarial adeudado.
Pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS), sus autoridades y el CIN en defensa irrestricta de la norma vigente.
Fuente: La Brújula 24