Según la presentación legal impulsada por el propio ministro Lugones, el engaño no solo distorsionó el orden de mérito, sino que también generó un daño ético y un riesgo para la salud pública, al permitir el acceso a cargos rentados mediante prácticas fraudulentas.
Según fuentes de la cartera, el Estado se vio expuesto a un posible perjuicio económico -cuestión que fue ponderada en la denuncia penal presentada- tanto por la asignación de becas indebidas como por los costos administrativos derivados de la investigación y la necesidad de repetir el proceso.
La denuncia se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
El modus operandi del fraude durante el examen, habría quedado al descubierto tras la viralización de un video en el que se observa a un postulante filmando el examen con anteojos equipados con una cámara oculta. El material circuló en redes sociales y permitió identificar al responsable por su nombre y número de documento.
Fuente: Infobae