Ante las consultas, Vásquez justificó el no haber pagado dichas multas, argumentando que nunca fue notificada. “Uno de los autos se trata de un vehículo que yo no conduzco desde hace cuatro años. Una infracción de tránsito es una falta, no un delito. Se le imputa la responsabilidad al auto y no a la persona. De esas multas hay muchas que no hice yo”, explicó. La diputada calificó el sistema de multas como «nefasto», acusando que solo busca fines recaudatorios y afirmó que, de ser necesario, ejercerá su «derecho de defensa».
El proyecto de Vásquez plantea una reforma profunda en la administración de las fotomultas, apuntando a que las infracciones leves prescriban en un año y las graves en dos. “Extender la prescripción de las multas, como las fotomultas, que en muchos lugares no están señalizadas y están escondidas, es con afán recaudatorio”, señaló. Entre las 34 infracciones que se verificaron, la mayoría fueron por exceso de velocidad y por no detenerse antes de la línea de la senda peatonal. Vásquez comentó que algunas de estas multas se produjeron «en el mismo lugar, a la misma hora y el mismo día”, lo que pone en duda la legitimidad de algunas sanciones.
La legisladora, cuyo mandato se extiende hasta 2027 y quien responde políticamente a Patricia Bullrich, también incluyó en su propuesta la nulidad de infracciones detectadas por sistemas automáticos de control cuando estos no estén debidamente señalizados o cuando los registros carezcan de datos específicos sobre la infracción. Por ello, Vásquez argumentó que la iniciativa responde a quejas recurrentes sobre los abusos del sistema de multas y la VTV: “Por eso presenté el proyecto. Me importa tres cominos mi situación personal”.
Además, Vásquez propone la creación de un Fondo Nacional de Infracciones que reciba el 100% de los fondos recaudados por multas en todo el país. Según el proyecto, estos fondos se destinarían exclusivamente a la educación vial, mejoras y reparaciones de rutas y caminos, y a la prevención y atención de accidentes de tránsito, incluyendo la asistencia a las víctimas.
Fuente: La Nación