Kreplak hizo lugar a una presentación del centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había reclamado dejar sin efecto el artículo del DNU 70/2023 que haba derogado la Ley 26.737 del Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Con esta resolución, queda suspendida la derogación de la ley al menos hasta que resuelva la Cámara o bien haya una decisión de fondo sobre el mega DNU. En el capítulo que desregulaba la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros, permitía hacerlo aun cuando se tratara de terrenos cercanos a los límites fronterizos.
La Ley de Tierras en la Argentina, sancionada en 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández, regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros. Sin embargo, cuando asumió Mauricio Macri firmó un decreto para modificarla.
La normativa se centra en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones. Además establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.
En este marco, estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias.
Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11,56%. Le siguen las provincias de Misiones (11,07%), San Juan (10,48%), Corrientes (9,87%), Mendoza (9,11%), Catamarca (8,64%) y Santa Cruz (8,11%).
Fuente: DIB