Juan Ignacio Baranda es uno de los trabajadores que fueron despedidos de la Base Naval Puerto Belgrano en los últimos días. Tal como indicó La Brújula 24, son 90 las personas cuyos contratos finalizaron y no serán renovados por el Gobierno Nacional.
En diálogo con el programa “Bahía Hoy”, Baranda contó que “soy geólogo recibido en la UNS, y la realidad es que no nos renovaron los contratos. Nos anoticiaron el miércoles a las 11 de la mañana en Jefatura de Base. Nos recibió una autoridad, que leyó un estrato donde mencionaba el DNU y nos decía que era nuestra fecha límite”.
“Le preguntamos si se podía revertir la situación y nos dijeron que no, fue un momento bastante desagradable. Eran como 50 las personas en el pasillo, con sensaciones de todo tipo, fue desagradable”, lamentó.
Consultado respecto de su experiencia, el profesional refirió que “yo ingresé en el 2022 a trabajar como geólogo y mi función estaba en el Departamento de Agrimensura, pero como tengo incumbencias en el tema empecé a abarcar otras áreas, como perforaciones profundas que tiene la Armada”.
“Uno es nacido y criado en esta localidad –Punta Alta– y tiene aprecio por la institución. Creí que era la forma de devolverle al Estado, mejorando las capacidades que estaban venidas a menos, aportando desde mi lugar. Todos tenían ganas de que la institución mejore”, apuntó.
Además, Baranda se refirió a las expresiones vertidas por el vocero presidencial Manuel Adorni. “Con el correr de los días empecé a ver distintas publicaciones, sobre todo cuando se hablóde un corte quirúrgico, pero acá no se hizo ninguna evaluación. No hubo un criterio de selección real sobre nuestro trabajo”.
“Yo lo invito al vocero cuando quiera acercarse a la Armada o venir a hablar conmigo a Punta Alta. No vino nadie del Estado a ver el funcionamiento real de la Armada y cuáles son nuestras funciones y tareas. Además, creo que las autoridades pertinentes tendrían que copiar lo que se hizo en el Servicio Meteorológico, que lograron la reincorporación del personal, demostrando la utilidad. Creo que el Estado tendría que venir a evaluar y ver cómo se administra el recurso. Yo hablo por muchas personas, pero no conozco a todos, cada uno tiene sus cuestiones personales que afectan en mayor o menor medida”, consideró.
Y añadió: “Tendrían que haber venido a hacer una auditoría, porque este recurso tiene sus administradores. Y nosotros somos empleados por estos administradores, que evalúan nuestras funciones. El Estado tendría que haber recorrido todo eso y ver qué corte iba a realizar. Acá fue indiscriminado el recorte, está desafilada la motosierra. No empatizan con la gente, con los problemas que puede llegar a tener cada uno, pero no evaluaron tampoco la parte laboral. A mí me entristece que los responsables, las altas cúpulas de la Base, no accionaron para defender al personal”.
Fuente: La Brújula 24