El proyecto impulsado en la Legislatura provincial plantea arancelar las prestaciones sanitarias brindadas a personas que no tengan residencia en la Argentina. Según sus autores, el dinero recaudado debería utilizarse para comprar insumos, reparar instalaciones y atender otras necesidades de los centros de salud.
Kreplak salió al cruce y sostuvo que la propuesta desconoce cómo funciona el sistema sanitario. “Sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a extranjeros”, señaló el funcionario.
El ministro también aseguró que el cobro tendría una incidencia mínima en las cuentas públicas. “Es una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto. No existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”, afirmó.
Para respaldar su postura, Kreplak difundió datos de un informe elaborado por Soberanía Sanitaria. El relevamiento indica que, de las 1.449.606 consultas digitales registradas en la Provincia, apenas 3.210 fueron realizadas por personas que no viven en la Argentina. Dicho de otro modo, representan el 0,2% del total.
La proporción también es baja al analizar las internaciones. Durante 2023, los hospitales bonaerenses recibieron a más de un millón de pacientes internados y solo 8.970 eran extranjeros no residentes, una cifra equivalente al 0,8%.
El documento concluye que esas prestaciones tienen una influencia “insignificante” sobre el financiamiento del sistema y advierte que la discusión puede desviar el foco de otros problemas sanitarios. También plantea que arancelar la atención supondría revisar los principios de universalidad, gratuidad e igualdad entre argentinos y extranjeros sobre los que históricamente se organizó la salud pública del país.
Fuente: El Día